Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, negaron tener relación con el Grupo Lenor, beneficiado con un negocio de alrededor de 12 mil millones de pesos mensuales, producto del desmantelamiento de las casi mil funciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Todo se dio entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, cuando el gobierno cedió a la presión de las empresas que integran el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) venían reclamando que el organismo científico-tecnológico dejara de ofrecer el servicio de control de bocas expendedoras de combustibles al valor que lo venía haciendo (1/3 menos de lo que lo ofrecía el sector privado), hasta que finalmente, Caputo y Sturzenegger le dieron lugar al reclamo empresario.
La decisión hizo que más de 5.000 Estaciones de Servicio debieran completar la transición hacia el sistema de verificaciones en manos de certificadoras externas, que ya no estarían a cargo del emblemático Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI), sino de la empresa Lenor, por decisión del gobierno de Javier Milei (y que ahora Caputo y Sturzenegger dicen no conocer).
Ahora Caputo no sabe nada
La empresa junto a otros laboratorios privados denunciaba “competencia desleal” en la prestación del servicio que tenía el INTI y a través del lobby de sus allegados en el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo y en el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) finalmente consiguió que el gobierno nacional le quite la prestación del servicio al organismo científico técnico. Es extraño que Caputo no conozca a quien beneficia con una decisión de ese tipo.
Claro, es que el principal beneficiario de la medida, el Grupo Lenor, es un laboratorio que ofrece ese mismo servicio ahora al triple de lo que lo ofrecía el INTI, pero con el agravante de no cubrir el servicio para todo el país porque no tiene la infraestructura ni los profesionales que requiere para hacerlo.
El apuro del Gobierno en la decisión de eliminar ese servicio que es clave en metrología legal para el control de las cantidades de combustible que vierten las estaciones de servicio en los vehículos, hizo que aparecieran las sospechas, que surgieron entre propios técnicos y profesionales del organismo tecnológico.
Ahora Caputo, y el propio Sturzenegger, dicen no conocer a Lenor, la empresa que se vio beneficiada por ellos mismos con un negocio monopólico y mega multimillonario en el país, y salieron a acusar y a pedir la persecusión judicial de periodistas por la información que en otro contexto hubiera ameritado, cuando menos, una investigación en la Justicia.
Perseguir al periodismo, capítulo mil, para esconder el capitalismo de amigos
Caputo, propuso avanzar en un marco normativo para penalizar la difusión de información “infundada”. La iniciativa, avalada públicamente por el presidente Javier Milei, surgió tras la publicación de un informe que vinculaba al titular del Palacio de Hacienda con presuntos favoritismos hacia un sector empresarial.
Es por la versión sobre que la desregulación en la verificación de surtidores de combustible —servicio que hasta fines de 2025 estuvo en manos del INTI y luego pasó a laboratorios privados— beneficiaba a un empresario cercano al titular de la cartera económica.
Es que voceros de la oposición legislativa y expertos en el sector coincidían en señalar que el millonario traspaso del control de los surtidores de combustible a manos privadas constituye “un caso testigo de privatización exprés y ‘capitalismo de amigos'”.
Cabe mencionar, que ese valor el INTI tarifado en 25 mil hasta diciembre de 2025 por una prestación cuyo objetivo no era la ganancia, sino el servicio a bajo costo y de alta calidad para que el sector pudiera operar en regla, le generaba al organismo científico ingresos de entre 3.600 y 4.000 millones de pesos en servicos arancelados. Por lo que si hoy la empresa lo triplicó, la cifra de ganancia llega a los 12 mil millones mensuales.
El ministro que no ve y no oye nada
Ante estas acusaciones, Caputo rechazó categóricamente cualquier vínculo con el empresario Julio Made o con la firma mencionada. “Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, aseveró el funcionario, quien cuestionó el accionar del periodismo al considerar que “pareciera que, para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido“.
En esa línea, insistió en la necesidad de intervención judicial y de un cambio legislativo: “La justicia debería actuar”, subrayó, al tiempo que remarcó que “necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”.
A la postura oficial se sumó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —autor del decreto en cuestión—, quien también negó conocer al grupo empresarial citado y justificó la modificación normativa.
“Supongo que esto debe ser algo así como ‘el ladrón ve a todos de su misma condición’. Tantos años usaron el Estado para armar sus negocios que no pueden creer que venga alguien simplemente a hacer las cosas que están bien. En este caso, simplemente eliminamos un subsidio que el Estado le imponía a los contribuyentes en beneficio de las grandes petroleras para bancar controles que debían hacer ellas mismas. Esa es otra del progresismo: bajo una falsa pretensión te arman un negocio a costa del pueblo. Por suerte llegó Javier Milei”, afirmó Sturzenegger para defender la salida del monopolio del INTI en metrología.
El subsidio del que habla Sturzenegger ahora implica la pérdida de capacidades tecnológicas que son claves y que ahora están disponibles para un negocio multimillonario de los laboratorios que beneficiaron.
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Depredar capacidades científico-tecnológicas para beneficiar empresarios
Ahora, sin el INTI en el medio, Lenor, con el camino allanado para monopolizar el servicio de control de expendedoras de combustible, ya aumentó los aranceles del servicio de control que el INTI realizaba a un valor de 25 mil pesos por pico expendedor de combustibles.
Sin embargo, Lenor y los privados cobraban 75 mil por la misma prestación y allí residía la denuncia de los empresarios de competencia desleal.
El desmantelamiento de áreas claves del INTI beneficia al sector privado porque pasan a ofrecer los servicios que prestaba el organismo, pero a más alto valor y monopolizando el mercado. El caso emblemático es el de la eliminación del Servicio de Calibración (SAC), del INTI, que beneficia a la empresa Lenor, cercana al ministro de Economía Luis Caputo.
El gobierno intervino, para depredar al INTI
Entonces intervino Milei, que subió el arancel del INTI a 100 mil (para derivar los usuarios al sector privado) aunque las estaciones de servicio seguían apostando al INTI. Ahi fue que el Gobierno decidió directamente el cierre definitivo del área de metrología del INTI con el servicio incluído, a fines del año pasado, por orden de Caputo y la presión de los allegados de Lenor en el ministerio de Economía.
Ademas, el INTI realizaba 9 de cada 10 certificaciones de las que se realizaban en el país y eso irritó a los laboratorios privados.
Argentina cuenta con un total de 5.349 estaciones de servicio activas a principios de 2025, según datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), y una estimación de unas 45.000 bocas de surtidor de combustible, entre nafta, gas oil y GNC.
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