El gobernador Axel Kicillof oficializó este jueves un subsidio destinado al Equipo Argentino de Antropología Forense Asociación Civil (EAAF) para avanzar con un proyecto de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en la provincia de Buenos Aires.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense mediante el decreto 568/2026 y aprueba un convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial y el organismo forense el pasado 22 de abril.
El financiamiento estará destinado al denominado “Proyecto Integral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas por el Terrorismo de Estado en la Provincia de Buenos Aires: Acciones en Mar del Plata y Magdalena”.
Financiamiento para el EAAF
Según detalla el decreto, el principal objetivo del proyecto será trabajar en los cementerios municipales de Mar del Plata y Magdalena, donde podrían encontrarse restos de personas detenidas-desaparecidas.
En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo bonaerense destacó la trayectoria del Equipo Argentino de Antropología Forense, institución que desde hace más de cuatro décadas aplica metodologías y técnicas de distintas ramas de las ciencias forenses para la investigación, búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas.
Un organismo “imprescindible”
El texto oficial remarca además que el trabajo del organismo fue “imprescindible” para acreditar pruebas en causas por crímenes de lesa humanidad y para revelar el funcionamiento de los dispositivos desplegados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.
Asimismo, el decreto subraya que la labor del equipo se sostiene en principios vinculados a los derechos humanos, el derecho humanitario internacional y el respeto por “el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia”.
La medida también exceptúa a la entidad beneficiaria del cumplimiento de uno de los requisitos previstos en el Reglamento General para el Otorgamiento de Subsidios aprobado por el decreto 124/23.
La resolución del gobierno bonaerense
A su vez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quedó a cargo de verificar posteriormente el destino de los fondos asignados al proyecto.
En el expediente intervinieron distintas áreas técnicas y jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Economía bonaerense y de la Secretaría General, además de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.
El decreto lleva las firmas del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; del ministro de Economía, Pablo López; del ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y del gobernador Kicillof.
