La Auditoría General de la Nación, el organismo que por ley debe auditar a las universidades nacionales realizó una auditoria en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sobre la gestión 2024, y detectó que no se cumple con el cupo laboral para personas con discapacidad en el porcentaje que marca la normativa vigente. Además, indicaron que no se capacitó a la totalidad del personal, como marca la Ley Micaela, pero no encontró irregularidades presupuestarias como acusa el gobierno nacional.
Las universidades nacionales están en la agenda pública a partir del reclamo por el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe respecto de un trabajo realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El ejercició de la AGN
La AGN evaluó el ejercicio 2024 en tres aspectos: estructura organizativa y gestión académica, planificación y presupuesto, y contrataciones. Los hallazgos apuntan a debilidades en cada materia, pero el informe aclara que la facultad “remitió información en la que puede traslucirse la implementación de acciones destinadas a subsanar algunas de las cuestiones mencionadas en los hallazgos”.
En el abordaje de la estructura organizativa se descubrió que la casa de estudios superiores no pudo dar cuenta del personal con discapacidad que forma parte del plantel en cumplimiento de la Ley N° 22.431 “Sistema de protección integral de los discapacitados”, que dispone un cupo mínimo del 4% del total del personal dentro de los organismos de la Administración Pública.
Capacitación en género y diversidades
Asimismo, en lo atinente a la capacitación en género establecida por la Ley N° 27.499, conocida como Ley Micaela, durante 2024 la institución llevó adelante tres capacitaciones que abarcaron al 15,27% del personal no docente, es decir, que solo participaron 115 personas de las 753 que conformaban la planta hacia finales del período. En cuanto a la formación del personal docente, compuesto por un total de 2.065 cargos, la AGN no obtuvo información.
Presupuesto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA
Por otra parte, las debilidades encontradas en la organización presupuestaria tuvieron como punto de inicio la falta de aprobación del Presupuesto Nacional para el ejercicio auditado, por lo que se prorrogó el correspondiente a 2023, conforme a Ley N° 24.156 de Administración Financiera. En palabras del equipo auditor, “dado que el sistema presupuestario se basa en principios como planificación, exclusividad, especificidad, periodicidad y continuidad, esta prórroga afecta directamente el cumplimiento de esos fundamentos”.
El Presupuesto inicial y vigente para 2024 fue de $30.535.731.600,96. El 58% de los ingresos provinieron de los fondos del Tesoro Nacional “bajo la forma de una contribución general que es transferida al ámbito universitario por el Ministerio de Capital Humano de la Nación”. Otras fuentes de financiamiento fueron convenios aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad con distintas entidades y saldos de créditos excedentes correspondientes al ejercicio anterior. Esto último es posible porque las universidades nacionales tienen la potestad legal de incorporar al presupuesto del año presente sobrantes del año previo.
Las contrataciones se rigen por un reglamento propio de las universidades nacionales en tanto entes autónomos, y esto lleva a diferencias respecto del Régimen General de Contrataciones de la Administración Nacional. Para 2024, ascendieron a $2.307.933.588,21 y a U$S 1.108.328,30, y se realizaron 62 compras, de las cuales 14 eran una continuación de 2023. El gasto total estimado había sido de $1.303.600.000, aunque efectivamente fue de $2.000.379.168,52, un 53,44% por encima de lo planificado. AGN se lo atribuye a la falta de programación por parte de la alta casa de estudios.
