La diputada nacional por La Libertad Avanza (Buenos Aires), Marcela Pagano, presentó un proyecto de ley “de reforma integral para el CONICET” que propone atar la investigación científica a la producción y la transferencia tecnológica, priorizando la creación de empresas de base tecnológica.
El primer punto es que directamente ni menciona a las ciencias sociales en el esquema de financiamiento y deja de lado toda la producción que es clave para diagnósticos, tendencias, políticas públicas o estudios culturales.
El plan de reforma incluye puntos muy cuestionables como la “orientación productiva”, que obliga a los investigadores a participar en procesos de vinculación con el sector privado y productivo y a dar prueba de haber conseguido objetivos asociados a la transferencia de tecnología hacia el sector productivo.
Además comprende la “revisión de directores” de los 330 institutos que pertenecente al CONICET que estarían obligado a firmar “contratos con metas cuantificables” y que podrían ser removidos si no cumplen los objetivos fijados.
Entre otra de las cláusulas aparece la condición de que en 5 años no se demuestra una mejora sustancial en el 60% de los indicadores propuestos, el proyecto habilita la división del organismo en dos ramas separadas (académica y productiva).
Según explicó la diputada, la propuesta se ampara en modelos de gestión de institutos de Europa e Israel.
Fondos fijos y variables
La iniciativa introduce pisos de financiamiento fijo y otros variables asociados a la competitividad del organismo, que pueden hacer que la unidad consiga más financiamiento en virtud de los resultados que ofrezca y que pueda registrar.
Entre las áreas estratégicas aparecen la minería y procesamiento de litio, la biotecnología agropecuaria, edición genética, biocontroladores y bioinsumos (nada dice de la biotecnología asociada a la salud); la tecnología nuclear (los reactores modulares pequeños, radiofármacos y teranóstica, todos proyectos desfinanciados por el gobierno nacional); los materiales avanzados, nanotecnología y manufactura aditiva; las energías renovables, hidrógeno verde, almacenamiento y eficiencia energética industrial; la tecnología satelital, sensores remotos y observación terrestre aplicada; la Inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y robótica industrial y la ingeniería de procesos químicos, catálisis y química verde.
Investigadores e Institutos del CONICET
El proyecto modifica el Estatuto del Investigador Científico y define la categoría del investigador, su ascenso o despido en función de criterios de producción científica original, demostración de transferencia tecnológica (patentes, contratos), impacto productivo demostrable (como la creación de empresas de base tecnológica) y formación de recursos humanos.
Por otra parte la inciativa establece un sistema de evaluación institucional quinquenal obligatorio para todos los institutos, centros y unidades ejecutoras del CONICET que clasificará en “Excelente, “Satisfactorio, “En observación, “Insuficiente”, el desempeño en función de los logros en materia de transferencia tecnológica.
El financiamiento público y privado
A su vez en el capítulo de financiamiento, el proyecto asegura un financiamiento estatal que es la mitad del promedio de lo que recibió en los últimos cinco años y con una proyección a ir bajándolo hasta el 30%, en cinco años (o sea un ajuste) que ni siquiera se condice con el hecho de que los fondos del CONICET corresponden en un 90% a pagar salarios y por lo que implicaría despidos masivos si la ley progresa en el Congreso.
“El financiamiento base de cada instituto del CONICET incluirá un componente variable calculado mediante la siguiente fórmula: por cada peso ($1) que un instituto genere en ingresos por contratos de transferencia tecnológica con el sector productivo, el Estado aportará cuarenta centavos ($0,40) adicionales como financiamiento base complementario“, sostiene el proyecto y apunta a que el sector privado intervenga en el financiamiento.
“Se garantiza un piso mínimo de financiamiento base para todos los institutos equivalente al cincuenta por ciento (50%) del promedio histórico de los últimos cinco (5) años. Dicho piso se reducirá en un cinco por ciento (5%) anual hasta alcanzar un mínimo del treinta por ciento (30%)”, sostiene la iniciativa libertaria.
Por último crea un fondo competitivo entre institutos, incentivos fiscales para el apoyo a los institutos del CONICET desde el sector privado y cambios en la gobernanza.
