La Corte Suprema de Justicia de La Nación ya colocó la causa por el financiamiento universitario en condiciones de resolver. Se trata de la providencia que da cuenta de la recepción de la causa en el máximo tribunal y el caso sujeto a la consideración de los ministros.
El asunto llegó a la Corte por la concesión del recurso extraordinario contra la medida cautelar en favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el avance del tratamiento se da a menos de 24 horas de la masiva movilización social en apoyo a las universidades y para que el gobierno de Javier Milei cumpla con la transferencia de fondos para presupuesto, becas y salarios en las universidades.
El anuncio implica que se notifica a las partes que el expediente “viaja” de los armarios al despacho del Juez, para que lo estudie y resuelva. Desde ahí se cuentan plazos para resolver (que, por cierto, no aplican a la Corte).
Según el especialista en derecho, Gustavo Arballo, la Corte efectivamente puede resolver ni bien le llega, “aunque no necesariamente indicio de pronta resolución”, es decir que no hay plazos definidos de antemano para que se pronuncien al respecto.
Suspensión de la cautelar a favor de las universidades
La semana pasada, el juez, Martín Cormick decidió suspender provisoriamente la ejecución de las acciones iniciadas por las universidades “para obligar al Gobierno Nacional a pagar la deuda salaria para docentes y NODOCENTES, de presupuesto y de becas estudiantiles”, establecidas en los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795.
Lo hizo en función a un reclamo del Gobierno Nacional, dado que éste presentó un Recurso Extraordinario Federal (17/4) que en estos momentos está siendo considerado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III a los efectos de aceptarlo o rechazarlo previo giro a la parte demandante (CIN).
La Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III es la misma que había fallado a favor de la demanda del CIN el 31/3. Se trata de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia por el juez Enrique Cormick, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta medida, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y universidades, obliga a recomponer salarios docentes y becas, ratificando que el Gobierno debe cumplir con la ley y actualizar los montos financieros.
Ahora, la Corte Suprema deberá resolver si avala el incumplimiento de la ley de parte del gobierno o lo obliga a transferir partidas.
Que el gobierno cumpla la ley y recomponga fondos para las universidades
Las universidades piden también que el Gobierno cumpla con el fallo judicial que ordena recomponer los salarios de docentes y nodocentes, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento, tal como lo establece la Ley.
Las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026 lo que pone a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior.
El recorte pone al sistema universitario en una situación crítica para su funcionamiento y el desarrollo de las actividades académicas.
Más grave aún, es el deterioro de los salarios del personal docente y nodocente que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, tuvieron una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%.
Hoy Argentina tiene los salarios universitarios más bajos de los últimos 23 años.
