Tras la exposición del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se conoció el nivel de subejecución de fondos que implementa el gobierno de Javier Milei con respecto al sistema científico y las universidades nacionales, mientras el dinero que no hay para el desarrollo del conocimiento se fuga a diario, en negro, en cascadas para la pileta de Adorni.
Desde hace dos años, los becarios y becarias de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) que conduce Natalia Avendaño, reclaman que Milei tiene USD 240 millones de créditos internacionales sin ejecutar y la ciencia argentina en estado crítico.
La cifra quedó expuesta la semana pasada cuando los becarios de la Agencia I+D+i recibieron respuesta sobre los cuatro expedientes en los que se encuentran frenados esos fondos. La Agencia es el principal organismo de financiamiento de proyectos científicos en nuestro país.
Las consultas fueron sobre los estados de ejecución de los créditos BID 5293, BID 5759, BCIE 2161 y BIRF 9434, originalmente destinados a la Ciencia, y que jamás llegaron a los laboratorios y centros de investigación.
“Curiosamente, las respuestas brindadas dan cuenta de prácticamente el mismo porcentaje de desembolsos que informó el ex jefe de gabinete Francos en Abril de 2025 (Informe 142: respuestas a las Preguntas Nº166, 476 a 480 y 1560.)”, denunció la diputada, Julia Strada, en su cuenta de X.
Lo sorprendente es que la presidenta de la Agencia, Natalia Avendaño, quien percibe un sueldo no menor a los cinco millones de pesos del bolsillo de todos los argentinos, no emitió una sola declaración reclamando los fondos para investigación, como tampoco lo hizo el presidente del CONICET, Daniel Salamone y ni el secretario de ciencia, Darío Genua.
No hay plata para la ciencia pero si para la cascada de Adorni
Pese a contar con fondos disponibles, en dos años se desembolsaron apenas 5 millones de dólares del crédito del BID 5293, y 200 mil dólares del crédito BID 5759 (menos que lo que pagó Adorni por su departamento en Caballito).
Esta situación, se ve agravada por el hecho de que en las últimas semanas el gobierno avanzó sobre el desmantelamiento de dos organismos claves de ciencia y tecnología, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con retiros voluntarios y con despidos y cierre de funciones claves para la actividad productiva.
En el INTA, el gobierno aprobó un plan de retiros voluntarios la semana pasada y en el INTI anunció 700 despidos y el cierre de más de 900 servicios de certificación industrial que el organismo realizaba en sectores como alimentos, energía e industria.
Pues bien, el organismo que se encarga de implementar programas de investigación con fines productivos no está mejor. “En los créditos BCIE 2161 y BIRF 943 se informa exactamente el mismo monto desembolsado que en Abril de 2025, por lo que el avance en su estado de cumplimiento es 0”, denunció Julia Strada.
Fondos sin ejecutar en la Agencia, bajo la atenta y silenciosa mirada de Avendaño, Salamone y Genua
Considerando únicamente los fondos originalmente asignados a la Agencia, restan por desembolsarse unos 240 millones de dólares ya asignados, pese a estar atravesando una situación de profunda asfixia financiera que compromete al quehacer científico de nuestro país, y que ocasiona la pérdida de capacidades acumuladas y recursos humanos.
En diputados, apuntaron que sobre los montos desembolsados, además, “no se informa el estado de ejecución, lo cual ensombrece el destino que se dio a esos fondos. Considerando que el incumplimiento de las metas de ejecución expone a nuestro país al pago de sanciones, acorde a lo establecido por los reglamentos operativos de estos contratos de préstamo, esto constituye claramente un severo incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Lo sorprendente es que la presidenta de la Agencia, Natalia Avendaño, quien percibe un sueldo no menor a los cinco millones de pesos, no emitió una sola declaración reclamando los fondos, como tampoco lo hizo el presidente del CONICET, Daniel Salamone y el secretario de ciencia, Darío Genua.
