La presentación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso dejó al descubierto la persistente subejecución de fondos internacionales destinados a la ciencia, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario, caída de becas y creciente deterioro del sistema científico argentino.
La presentación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso se convirtió en el eje político del miércoles. Más allá de las expectativas por las consultas vinculadas a su patrimonio, la exposición tuvo como objetivo formal la defensa del Informe de Gestión Nº145, el primero firmado bajo su conducción tras la salida de Guillermo Francos.
El documento incluyó respuestas a 2.151 preguntas formuladas por legisladores, entre ellas varias provenientes de la comunidad científica. Sin embargo, lejos de aportar claridad, las respuestas reavivaron interrogantes sobre el destino de fondos internacionales destinados al desarrollo científico y tecnológico en la Argentina.
Fondos disponibles, ejecución mínima
Uno de los puntos más sensibles gira en torno a créditos internacionales —como los del BID, el BCIE y el Banco Mundial— orientados a financiar becas, equipamiento y proyectos de investigación. Ya en el Informe Nº142, Francos había reconocido niveles muy bajos de ejecución.
El nuevo informe no modifica ese escenario. Por el contrario, confirma que los desembolsos prácticamente no avanzaron en el último año. En el caso del crédito BID 5293, se ejecutaron apenas 4,85 millones de dólares (alrededor del 10% del remanente), mientras que del BID 5759 solo se utilizaron 200 mil dólares. En los créditos BCIE 2161 y BIRF 9434, directamente no hubo avances: se mantienen los mismos montos que en abril de 2024. En total, quedan unos 240 millones de dólares sin ejecutar sobre los fondos asignados a la Agencia I+D+i, organismo clave para el financiamiento científico en el país.
Lejos de aportar claridad, las respuestas reavivaron interrogantes sobre el destino de fondos internacionales destinados al desarrollo científico y tecnológico en la Argentina.

Proyectos frenados y convocatorias anuladas
Parte de esos recursos estaban destinados a los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de las convocatorias 2022 y 2023. Sin embargo, estas fueron anuladas por las autoridades, incluso en casos donde ya habían sido adjudicadas. En reemplazo, el Gobierno propuso los subsidios de Apoyo a la Investigación Científica (AIC), con una lógica orientada a resultados inmediatos y mayor participación privada. No obstante, la convocatoria sigue sin cerrarse, lo que en la práctica paraliza el financiamiento de nuevos proyectos.
Este escenario no solo retrasa la ejecución de los créditos —con el riesgo de sanciones internacionales— sino que profundiza la incertidumbre en el sistema científico.
Subejecución de fondos, la política científica en la era Javier Milei
La subejecución de fondos convive con un fuerte ajuste interno. Según el propio informe, las becas vigentes en la Agencia I+D+i pasaron de 1.028 a 609 en poco más de un año: 419 investigadores dejaron el sistema, una caída del 41%. A esto se suma que becarios doctorales y posdoctorales acumulan dos años con salarios congelados, sin recibos de haberes desde febrero de 2025 y, en muchos casos, sin cobertura médica.
La falta de información sobre el destino específico de los fondos ya desembolsados —como señala la respuesta a la pregunta Nº1795— agrega opacidad a la gestión y abre cuestionamientos sobre posibles incumplimientos en la administración pública.

Caída presupuestaria y deterioro institucional
Un informe elaborado en el despacho de la diputada Adriana Serquis advierte que la función Ciencia y Tecnología representa apenas el 1,12% del presupuesto ejecutado en el primer trimestre de 2026. Ese porcentaje, además, incluye áreas ajenas al núcleo científico —como desarrollos digitales y ciberseguridad— que explican más de la mitad del gasto. Medido en términos reales, el presupuesto del sector cayó un 43% en tres años.
El impacto ya es visible en organismos estratégicos como el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI y la CNEA:
En el INTI, se denuncian despidos masivos, reducción de servicios y aumentos de aranceles de hasta 800%, lo que limita el acceso de PyMEs. En la CNEA, se registra la salida de más de 300 trabajadores y la falta de un plan nuclear claro, pese a proyectos previos desarrollados junto a INVAP.
Desfinanciamiento y falta de información clara
El cuadro que surge del Informe Nº145 es el de un sistema científico tensionado por la falta de financiamiento, la paralización de programas y la pérdida de recursos humanos calificados.
Mientras los fondos internacionales permanecen sin ejecutarse, investigadores enfrentan condiciones cada vez más precarias para sostener su trabajo. En ese contexto, la comunidad científica advierte sobre un proceso de deterioro estructural que compromete capacidades acumuladas durante décadas. La discusión ya no gira solo en torno a números, sino al modelo de país: con menor inversión, menor planificación y sin políticas sostenidas, el desarrollo científico parece haber dejado de ser una prioridad estratégica.