Al final, ayer jueves se reunió el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y aprobó el plan de retiros voluntarios que llevó el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, de mano de Federico Sturzenegger, el titular de la cartera de Desregulación del Estado del gobierno de Javier Milei.
Tras los sucesivos fracasos de la motosierra, ahora la idea oficial es destinar nada menos que 101 mil millones de pesos para tentar a que abandone sus puestos el 20% del personal actual del instituto, es decir cerca de 950 personas.
Aceptará que lo tome el personal de planta permanente de hasta 65 años de edad, aunque quienes tengan menos de 60 años recibirán de 1,5 salarios (sin complementos no remunerativos) por cada año de servicio en tanto que los que tengan mayor edad tendrán un límite de 12 y 24 salarios, en tanto se acercan más a su fecha de jubilación.
Actualmente quedan unos 5.800 empleados y la pretensión oficial es que se vayan 950, además de los cerca de 500 que ya lo hicieron desde que comenzó el gobierno de Javier Milei.
Para despidos y retiros voluntarios si hay plata
La puesta en marcha del plan de retiros voluntarios en el organismo se dará mediante un decreto del presidente Milei definiendo ese movimiento de partidas para el pago de las indemnizaciones a investigadores, técnicos, especialistas y administrativos que adhieran, pero en la letra chica el gobierno hizo un cambio y es que sólo les reconocerá los años en planta permanente a quienes acepten y se vayan.
El del financiamiento es un punto clave para convencer al Consejo Directivo del INTA (que se recreó luego de su intento de disolución el año pasado y cuenta con representantes de las entidades rurales y de las universidades nacionales) de aprobar el plan de retiro elaborado por Bronzovich.
El brutal ajuste libertario en el INTA
En el plan que ese funcionario envió al Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger para su aprobación, surgen las ambiciosas metas que se puso el INTA para finalmente hacer por las buenas lo que no pudo hacer por las malas. Esto es, desde el inicio de su gestión Bronzovich nunca disimuló que su objetivo era prescindir de entre 1.400 y 1.500 investigadores, técnicos y personal de apoyo, además de poner en venta campos experimentales en desuso (se habla de más de 40 mil hectáreas) y cerrar muchas áreas dedicadas a la extensión rural.
Con ambas tareas ya comenzó, pues con aval del Consejo Directivo ya cerró el INTA AMBA y transfirió para su venta el predio de 34 hectáreas que ese área ocupaba al lado del INTA Castelar; en tanto que también se aprobó el cierre de varias agencias de extensión en Buenos Aires y Córdoba. En ese menester, los que peor la llevaron el la región atendida desde el INTA Balcarce, al cual le podaron cinco de las siete oficinas que tenía.
Una nueva avanzada sobre el INTA
Pero la sangre en el ojo de los funcionarios libertarios todavía es el tema del ajuste del personal, ya que el primer retiro voluntario (a fines de 2024) solo cosechó 300 adhesiones, muy lejos de los 1.500 puestos de trabajo que deberían reducirse en el plan de los libertarios. Por eso, esta vez la “gratificación” será bastante generosa, de 1,5 salarios por año trabajado.
Hasta ahora, los consejeros del INTA habían rechazado el plan de retiros voluntarios que Bronzovich vuelve a poner a consideración porque para el cálculo de años se tomarán en este plan solo los años en que los agentes se hayan desempeñado en planta permanente, y no se los gratificará por los años transcurridos como becarios o como parta de la “planta transitoria”. Para muchos empleados, esto será motivo de que muchos no acepten dejar sus sillas en el organismo.
