El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, apuntó contra el comunicado del Ministerio de Capital Humano que intimó a los rectores por los paros y para que cumplan con las clases.
En el comunicado firmado por Sandra Pettovello, el gobierno intima a las universidades y amenaza con acciones judiciales si no se garantizan las clases en las casas de estudios superiores del país y señala que no se garantiza el derecho a la educación que fija la Constitución.
Pettovello reconoce que El gobierno incumple el derecho a la educación
A partir de ese reconocimiento, el vicerrector de la UBA, retrucó el comunicado y apuntó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de “Capital Humano” reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales“.
“Esto ocurre porque el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia“, señaló Yacobitti.
“Esto ocurre porque el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia“. Emiliano Yacobitti, vicerector de la UBA.
Provocaciones libertarias
Al comunicado que lleva la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se suma una circular remitida por el Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que intiman a los rectores a cumplir con el dictado de clases en las universidades bajo condición “de apercibimiento” y de revisión de los recursos que actualmente se envían a las casas de estudios superiores destinados “al sostenimiento pedagógico“.
“La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente“, respondió Yacobitti, y señaló que “las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes. Lo saben los 2 millones de estudiantes y toda la sociedad”.
“No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”, concluyó.
Apriete y amenazas del gobierno a las universidades
Los gremios universitarios contra las amenazas e intimidaciones libertarias
Por su parte, los gremios universitarios también salieron a responder al gobierno y apuntaron que “la misiva deja entrever una ¿sensación? de amenaza, amedrentamiento y/o apriete”.
“Claro, es la típica actitud violenta que ya forma parte inescindible del formato de diálogo que mantiene el gobierno, del que ud. forma parte, con la gran mayoría de nuestro pueblo. A veces ese formato se consuma oralmente y otras apelando a los palos, gases y cárcel“, señalaron desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca).
“Gobierno al cual que le disgustan algunas leyes y por eso no las cumple y a veces no le cuadran algunos fallos judiciales y por ende los desconoce“, apuntaron desde el gremio y recordaron que “en términos de vulneración de derechos le queremos informar lo que la justicia expresó en dos fallos. Son los que le exigen al Poder Ejecutivo que aplique la medida cautelar, demandada por el CIN, incrementando salarios y becas de acuerdo a la ley 27.795”.
El gobierno, reo de la justicia y el Congreso
Desde el gremio recordaron la medida del Juez Cormick en su fallo del 23/12/25: “El requisito del interés público, incorporado jurisprudencialmente en una primera etapa (Ver, entre otros, Fallos 314:1206 -Astilleros Alianza, 1991) en el presente advertir que el deterioro salarial tiene una incidencia no sólo sobre el colectivo demandante sino sobre el efecto de su trabajo -esto es, una afectación del Derecho a enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Nacional.”
A su vez expusieron la segunda resolución sobre la cautelar: “Además, el magistrado resaltó que no se observaba una afectación al interés público según el inc. d), sino que, por el contrario, la falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender del art. 14 de la Constitución Nacional.”
