El diputado nacional, Miguel Pichetto, apuntó contra el plan del gobierno de Javier Milei para destruir unos seis mil empleos en organismos públicos, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA).
“Hay síntomas inquietantes. Intentar desarmar el SENASA, el INTI y el INTA para “achicar el gasto” es un error estratégico fatal. Están destruyendo el soporte tecnológico que garantiza una calidad exportadora que no tiene ni siquiera Brasil. No se puede desregular a costa de nuestra excelencia“, apuntó Pichetto, quien la semana pasada se reunió con la ex presidenta, Cristina Fernández.
El plan motosierra, otra vez contra la ciencia
El gobierno nacional no le encuentra la vuelta a la crisis económica y al derrumbe de los salarios y el poder de compra, y apuesta a las mismas recetas de siempre que son el achicamiento del Estado para reducir la carga fiscal, en lugar de promover el empleo y la recomposición de los salarios.
Por eso, el Poder Ejecutivo le pidió a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Alejandro Tamer, subsecretario de Reforma Estatal, que diseñen un plan para achicar aún más la planta de trabajadores del Estado.
Los funcionarios estuvieron en la Casa Rosada el martes por la tarde y llevaron la propuesta de destruir unos 6 mil puestos de trabajo en cinco organsismos estatales, a razón de unos mil por organismo.
El crecimiento de los despidos y los salarios que no logran recuperar poder adquisitivo de acuerdo a diversas consultoras, tuvieron su impacto en la gestión nacional, aunque en lugar de promover el empleo y el sostenimiento del poder adquisitivo, irían nuevamente contra el empleo público como “una manera de mitigar la crisis”.
Despedir es generar “más riqueza para la gente”, dicen en el Gobierno
“Si se reducen los trabajadores en el Estado habrá más riqueza para la gente”, dicen en el gobierno para justificar los recortes. Esta etapa se concentrará en reducir la planta del personal de varios organismos descentralizados y diversas áreas, que el año pasado el oficialismo quiso dinamitar pero el Congreso, derogando decretos como el 462/2025, y la Justicia federal, se lo impidieron. Y, paralelamente, continuar el desfinanciamiento para que no tengan funcionamiento.
Los organismos que están en la mira libertaria son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), la Aduana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La Dirección Nacional de Vialidad también ingresa en esta nómina.
Para vaciarlos, la gestión de Javier Milei desde el 27 de febrero ordenó un proceso de retiros voluntarios con una serie de condiciones factibles. “Es una herramienta muy útil y efectiva”, dice un funcionario que monitorea la velocidad de la motosierra.
El INTA y el INTI, otra vez en la mira libertaria
Con esta disposición, la administración libertaria se sobre excita con que al menos haya 1000 empleados menos en un corto plazo de tiempo en cada lugar al que apuestan disminuir. Así lo expresó ante este medio Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-INTA e integrante de la Coordinación Nacional del sindicato: “La cifra que esperan que acepte el retiro voluntario está por encima de mil trabajadores”.
“En este contexto de semejante crisis económica y con el agravante de la reforma laboral, la amenaza contundente es no cumplir con sus expectativas y agarrar la motosierra provocando despidos masivos. El INTA minúsculo que pretende el gobierno no podrá llegar más a cada productor de cada rincón del país. Sin trabajadores no hay desarrollo de la ciencia y sin ciencia no hay soberanía”, denunció.
El otro vértice de la estrategia pasa por disminuir fondos, como sucede en la Vialidad, cuyos trabajadores tienen los salarios congelados desde octubre de 2024. Es más: no hay negociación posible pese a que la Justicia ordenó que se diagrame una mesa de diálogo. “Pretenden seguir dilatando la paritaria mientras avanza con el ajuste y los retiros voluntarios”, denunciaron desde el gremio que representa al personal y cuya jefa es Graciela Aleña.
