Durante una reunión con docentes en la que se analizó el nuevo sistema de créditos académicos y también se abordó “la crítica situación que atraviesan las universidades”, el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk, se pronunció a favor del proyecto vigente de financiamiento universitario que fue promulgado (e incumplida) a fines de 2025.
Perczyk desmiente a La Nación
Perczyk desmintió las versiones periodísticas del diario La Nación sobre un supuesto apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al proyecto que impulsa el gobierno para reemplazar a la ley vigente y aseguró que las universidades nacionales “lo único que queremos es que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, no que se modifique, que se cumpla”.
El ex ministro de Educación (2019-2023) recordó que “hay una medida judicial que ordena al gobierno implementarla”.
Claro, es que luego de la promulgación de la norma, Milei deliberadamente la incumplió y motivó la presentación de una medida cautelar presentada por el CIN.
Perczyk mantuvo una reunión con docentes de esa casa de estudios para analizar el nuevo sistema de créditos académicos y en la que se abordó también la crítica situación que atraviesan las Universidades.
“Las Universidades lo que pretendemos es que se recompongan los salarios docentes y nodocentes por la pérdida que sufrieron en 2024 y 2025 y que se llame a paritarias para definir los aumentos de este año”, explicó.
Agregó que “también queremos que se recompongan las Becas Progresar y las Manuel Belgrano y los gastos que requieren las Universidades para su funcionamiento”.
“Acá lo que hay es una demanda judicial que está y sigue vigente y una medida cautelar que le ordena al gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Eso es lo que queremos que se cumpla”, resaltó.
La cautelar fue dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario.
El proyecto del Gobierno
A diferencia de la ley sancionada, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso no reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023–2024, propone aumentos parciales del 4,1% en tres tramos durante 2026, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación, y omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento. Esto resulta en una profundización del ajuste a las universidades y particularmente al salario docente.
En contraste con la ley actual que obliga al Gobierno a adicionar más de $2,7 billones a las partidas salariales (+63,68%) al presupuesto de este 2026, el proyecto del oficialismo reduce dicha suma a $187.744 (4,3%). Esto implica una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública.
De sostenerse la propuesta del Poder Ejecutivo para 2026, bajo las proyecciones de inflación publicadas en el REM, la pérdida salarial podría ampliarse en aproximadamente 6 puntos porcentuales adicionales, consolidando una reducción cercana al 37% frente al nivel previo a diciembre de 2023.
La ley vigente de financiamiento universitario
En cambio, la aplicación plena de la Ley N° 27.795 permitiría recomponer el poder adquisitivo de los salarios a niveles similares a los observados en noviembre de 2023.
En términos fiscales, representa poco más del 2% del presupuesto nacional. En términos institucionales, sociales y productivos, implica decidir si el sistema universitario argentino recupera la capacidad de sostener salarios, investigación y extensión con estándares de calidad, o si se consolida un proceso de desfinanciamiento que erosiona progresivamente uno de los principales activos públicos del país.
