Periferia

4 de Febrero de 2026

A pesar del relato libertario, advierten que Argentina tiene déficit fiscal de 12 billones de pesos

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA desmintió al gobierno de Javier Milei y señala que existe un desequilibrio que representa un 1% del PBI. Al igual que con el INDEC, el gobierno cambió los criterios de medición.

Un análisis realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estimó que el déficit fiscal financiero real de la Argentina ronda los 12 billones de pesos, una cifra equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI), y así desmintió el relato del gobierno libertario que habla mes a mes del superávit fiscal de la economía argentina.

Aunque se trata del resultado financiero más favorable de los últimos quince años, el informe señala que este desequilibrio permite entender por qué la deuda pública no mostró una reducción significativa y se mantuvo prácticamente sin cambios a lo largo de 2025.

Déficit fiscal

La estimación surge del Informe de Coyuntura Macroeconómica N° 10, elaborado por Joaquín Waldman, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). El trabajo propone una lectura más ajustada del resultado fiscal financiero, considerado uno de los pilares centrales del programa de estabilización impulsado por el Gobierno nacional.

El documento resalta que el comienzo de 2026 presentó señales alentadoras en el plano macrofinanciero. A principios de enero, el Tesoro Nacional cumplió con vencimientos por unos 4.200 millones de dólares correspondientes a capital e intereses de los bonos reestructurados en 2020. Ese monto representa aproximadamente la mitad de los compromisos anuales en moneda extranjera y cerca del 25% del total de pagos previstos en dólares para el año.

El relato del superávit

En paralelo, el Banco Central avanzó con el proceso de recomposición de reservas anunciado hacia fines de 2025, sin generar presiones significativas sobre el tipo de cambio oficial. En las primeras semanas del año, la autoridad monetaria adquirió más de 1.000 millones de dólares, favorecida por factores estacionales, la liquidación de la cosecha de trigo y la colocación de Obligaciones Negociables. La meta oficial para 2026 es acumular unos 10.000 millones de dólares.

Es decir que, al igual que sucede con las mediciones de inflación del INDEC, el gobierno modificó la metodología para que los números le den a favor.

Las reservas también recibieron un impulso adicional a partir de un acuerdo REPO con entidades financieras internacionales por 3.000 millones de dólares y por la revalorización de las tenencias en oro. Si bien una parte importante de esos fondos se destinó al pago de deuda, las reservas netas lograron incrementarse en casi 500 millones de dólares desde fines de diciembre, marcando un quiebre tras un año de caídas sostenidas.

Este escenario tuvo impacto positivo en los mercados financieros: el riesgo país descendió por debajo de los 500 puntos, alcanzando el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. No obstante, el informe advierte que la acumulación de reservas continúa siendo uno de los aspectos más frágiles del programa económico y una de las principales demandas del Fondo Monetario Internacional.

Otro dibujo libertario

Mes a mes, el gobierno de Javier Milei señala que el país posee superávit primario, sin embargo el informe lo desmiente. En el plano fiscal, el estudio detalla que durante 2025 el Sector Público Nacional no Financiero registró un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Sin embargo, al sumar el pago de intereses de la deuda, que alcanzó los 10,3 billones de pesos, el resultado financiero se reduce a un excedente marginal del 0,2% del PBI.

Según el IIEP, esta medición deja fuera los intereses de corto plazo de instrumentos como las LECAPs, que se contabilizan “por debajo de la línea” debido a su mecanismo de capitalización. Al corregir este aspecto metodológico, el balance financiero real pasa a reflejar un déficit cercano al 1% del PBI, lo que explica por qué, pese al fuerte ajuste fiscal y a la mejora en los indicadores financieros, la deuda pública no logra disminuir de manera sustancial.

Es decir que, al igual que sucede con las mediciones de inflación del INDEC, el gobierno modificó la metodología para que los números le den a favor.

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