Luego de publicar la resolución 213 en el Boletín Oficial el último día hábil de 2025, el gobierno nacional ordenó dar de baja, a partir del 31 de enero, la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación del INTI en donde se desempeñan más de 150 técnicos y profesionales encargados de realizar la verificación y certificación de los instrumentos de medición de todo el país.
Por eso, el 28 los trabajadores del organismo científico y tecnológico convocaron a una movilización y abrazo para protestar en contra de la medida del Poder Ejecutivo.
Forman parte de estos instrumentos los surtidores de combustible, las balanzas ubicadas en comercios y puertos, los radares con los que se realizan las multas por exceso de velocidad y los etilómetros con los que se mide la concentración de alcohol en sangre de los conductores. El INTI también incluía entre sus verificaciones los medidores de agua potable y de energía eléctrica, los termómetros clínicos y los taxímetros.
Esta potestad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, encargado de custodiar los patrones nacionales de medida y así poder afirmar que “un metro es un metro”, “un litro es un litro” y “un kilogramo es un kilogramo”, le fue otorgada hace 22 años a través de un Decreto del Poder Ejecutivo como facultad indelegable por el nivel de conocimiento de su personal científico-técnico y porque al ser un organismo público de referencia internacional el INTI detenta el rol de tercero imparcial en las transacciones comerciales entre privados, entiendo por estos tanto a comerciantes como a usuarios.
Cierre y privatización, eje de la era Milei
Con esta Resolución el gobierno pone fin al área de Metrología y dispone la total transferencia del control de instrumentos de medición a laboratorios y organismos de certificación privados acreditados por el Organismo de Argentino de Acreditación (OAA), que ya hacían esta tarea, pero para quienes el INTI representa su principal competidor ya que es el más elegido por las empresas y usuarios que fabrican y utilizan instrumentos de medición en todo el país.
El nivel de satisfacción de los clientes con los servicios del INTI se refleja en la cantidad de ordenes de trabajo abiertas cada año y en su facturación, dos datos objetivos que desmienten las supuestas “demoras” y la pretendida “búsqueda de “desburocratización” y “eliminación de trabas al comercio” que se expresan en los considerandos de la normativa que dispone el cierre del área.
Quita de funciones sobre un organismo científico clave para la industria
Los especialistas señalan que esta medida es la “estocada final” en un derrotero de quita de funciones al Instituto. En 2024 el gobierno de Javier Milei publicó la Resolución 276 para que los certificados de los instrumentos ya no los haga el INTI sino únicamente dos empresas privadas, volviendo al circuito más burocrático, costoso y concentrado.
Vale mencionar que antes de estas medidas, verificar un alcoholímetro en el INTI le costaba a un Municipio $140.000 y a partir de ahora le saldrá $1.200.000 verificar cada instrumento en un laboratorio privado. En este contexto, los profesionales del Instituto advierten que existen potenciales riesgos en la seguridad civil, ya que los gobiernos municipales podrían dejar de hacer dichos controles al no poder costearlos.
Los trabajadores nucleados en la Multisectorial del INTI también denuncian que lo que persigue el gobierno nacional es una privatización de los servicios y que elimina la figura de imparcialidad que representa el Instituto en sus mediciones, además de que muchas pequeñas y medianas empresas que fabrican instrumentos de medición no podrán acceder a las verificaciones debido la escasa presencia territorial de los laboratorios privados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Abrazo al INTI, este miércoles 28 de enero
Desde la Multisectorial convocan a un ABRAZO el miércoles 28 de enero desde las 10h en la sede central de General Paz 5445 en rechazo al cierre del área de Metrología, considerada el corazón del Instituto, y ponen en alertan a la población por la falta de rigurosidad de controles que comenzarán a sucederse, quitándole a los usuarios la posibilidad de acudir a un ente público como el INTI para verificar multas, productos y servicios adquiridos.
Como parte de las denuncias también sostienen que la Resolución 213/2025 es ilegal, porque es una medida administrativa de menor jerarquía que, tal como establece la Constitución Nacional, no puede derogar facultades otorgadas por Decreto y, fundamentalmente, porque se están transfiriendo tareas de medición a privados que por ley deben contar con auditorias del INTI que, a la fecha, ninguno registra.
