Como fue anunciado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, días atrás, en el Consejo de Mayo, el Poder Ejecutivo propuso eliminar los límites que existían para personas y empresas privadas extranjeras respecto a la compra y explotación de tierras en el territorio nacional y mantener restricciones sólo para Estados y compañías estatales.
Sin embargo, la ley sigue vigente a instancias del Poder Judicial, luego de la presentación de una medida cautelar en 2024, sobre la que deberá expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Uno de los grandes intersados en la derogación de la Ley de Tierras Rurales es el empresario inmobiliario amigo de Javier Milei, Eduardo Elzstain, quien también mantiene su interés en el remate de las tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Allí, el gobierno nacional busca rematar la mitad de las tierras del organismo.
El caso de la Ley de Tierras Rurales, sin embargo, fue judicializado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), pero en primera instancia el juez federal de La Plata Alberto Recondo rechazó la presentación por considerar que los demandantes no cumplían los requisitos formales.
En ese amparo, el CECIM sostenía que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.
El CECIM apeló, y en marzo de 2024 la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación y elevó el caso a la Corte Suprema. Esto significa que por ahora la medida cautelar aún protege la ley, que sigue vigente.
Sin embargo, en diciembre de 2025 el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en el marco del Consejo de Mayo que el Ejecutivo prepara un nuevo proyecto para derogar o modificar la Ley de Tierras, junto con reformas a la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego.
La Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece límites estrictos a la propiedad extranjera sobre tierras rurales en Argentina. La norma fija que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
¿Qué propuso el Gobierno nacional en el Consejo de Mayo?
Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial.
La ley considera “extranjeros” no solo a personas físicas de nacionalidad extranjera, sino también a empresas con más del 51% de capital extranjero, empresas controladas en más del 25% por capital extranjero, y otros vehículos societarios como fideicomisos o sociedades de hecho con participación extranjera significativa.
En lugar de restringir la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras en general, la nueva redacción limita las restricciones únicamente a Estados extranjeros y sus organismos gubernamentales (empresas del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria, fondos fiduciarios estatales, etc.).
Esto significa que se eliminarían todas las restricciones para privados extranjeros, ya sean personas físicas o empresas privadas, que actualmente no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, ni adquirir más de 1.000 hectáreas en zona núcleo.
Con la propuesta, estos límites sólo aplicarían a entidades gubernamentales extranjeras, mientras que cualquier persona o empresa privada extranjera podría comprar tierras sin ningún tipo de tope o restricción.
La propuesta también mantiene un registro y establece que la autoridad de aplicación podrá exceptuar incluso a los Estados extranjeros si presentan “un plan de inversiones que sirva al interés público y no constituya un riesgo a la seguridad y soberanía nacional”.
¿Qué dicen los datos del Observatorio de Tierras?
Investigadores de Conicet del Instituto de Estudios Sociales y Humanos y de la Universidad de Buenos Aires presentaron a fines de 2025 un mapa interactivo de la extranjerización de la tierra en Argentina. De acuerdo con el estudio, más de 13 millones de hectáreas -casi el 5% del territorio nacional, una superficie similar a Inglaterra- pertenecen a firmas o Estados extranjeros.
La Ley de Tierras fija que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales. Sin embargo, según advierten el historiador Matías Oberlin Molina y la socióloga Julieta Caggiano en la presentación, “al analizar por departamentos, 36 distritos ya lo exceden. Casos críticos se registran en Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná”.
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