La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT), que reúne a referentes del sistema científico argentino, presentó una medida cautelar para que se declare “inconstitucional” la eliminación de los pisos mínimos de financiamiento al sistema educativo y científico del país fijada en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso en diciembre de 2025. La RAICyT busca frenar la derogación de artículos claves de la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.
El Artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 elimina los pisos mínimos de financiamiento para la educación y la ciencia, derogando leyes previas que establecían porcentajes obligatorios del PBI para estas áreas, lo que permite al Poder Ejecutivo mayor discrecionalidad y representa un recorte drástico, afectando a universidades, educación técnica y organismos científicos como el CONICET, el INTA, el INTI, la CONAE y la CNEA (entre otros) y dejando sin efecto la meta de alcanzar el 1% del PBI en ciencia para 2032.
Declarar inconstitucional el artículo 30 del Presupuesto 2026
La ley votada en diciembre del año pasado deroga así la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología al eliminar los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614, que fijaban un incremento progresivo del presupuesto científico hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. En si, el corazón de esa ley eran los Programas “Construir Ciencia” y “Equipar Ciencia”, desmantelados con el gobierno de Javier Milei.
Así, la ley de Presupuesto reduce la inversión, Convalida una caída real en la inversión en ciencia y tecnología aún más abajo de lo que hecho hasta ahora, eliminando la obligación de aumentar fondos hasta el 1% del PBI, lo que desmantela una política estratégica.
La norma permite que el Poder Ejecutivo tenga mayor discrecionalidad, ajustando y reasignando fondos sin la obligación de cumplir metas previas, generando incertidumbre en la investigación y desarrollo.
Los pisos mínimos que quedarían derogados son y que garantizaban porcentajes del PBI son los que iban a Educación (6%), Ciencia y Tecnología (1%), y Educación Técnica (0.2%), entre otras áreas.
El Gobierno argumenta que la eliminación de estos pisos flexibiliza el gasto y permite un mejor equilibrio fiscal, ya que las metas anteriores no se cumplían.
La Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia se cumplió dos años, hasta el 2023 cuando asumió Javier Milei la presidencia de la Nación, que llevó la inversión en ciencia al piso histórico más bajo de los últimos 52 años en la Argentina.
Inconstitucionalidad
Desde la RAICyT apuntan a que no se legitime ese desfinanciamiento del sistema científico y a que el Poder Judicial no de aval al intento del Poder Ejecutivo de la Nación de desmantelar la inversión en ciencia y también en educación, algo que en los hechos viene sucediendo desde diciembre de 2023.
El amparo de la RAICyT: https://drive.google.com/file/d/14o3kNFVGhjy7HEDSSuVN6UKWayUetDJa/view?usp=sharing
La presentación de RAICYT se apoya en dos ejes principales. Por un lado plantea que el Poder Ejecutivo y el Congreso se extralimitaron al incumplir una norma que impide derogar leyes a través de la ley de presupuesto; y por otro que, con esa acción han generado una violación a los derechos humanos: puntualmente al derecho humano a la ciencia y al desarrollo, a partir de la instauración de políticas regresivas.
“Queremos manifestar a la comunidad científica y tecnológica y a la sociedad en general, que decidimos realizar esta presentación, dado la doble función que tenemos como directores de Centros de Investigación: como miembros del Sistema Científico y Tecnológico, somos titulares de derechos específicos como tales, pero a su vez somos garantes de que la sociedad argentina acceda al disfrute y se beneficie del conocimiento científico y tecnológico y de su producción, como así también de la progresividad del mismo”, plantean.
Violación a derechos humanos garantizados en la Constitución
Según las y los investigadores hay una “profundización de un marco de violación a los derechos humanos, puntualmente el derecho a la ciencia, la
técnica y la educación superior (en conjunto y en adelante EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TÉCNICA), dada la notoria regresividad en términos
presupuestarios, circunstancia que ahoga al sistema”.
La acción presentada en la Justicia apunta al Poder Ejecutivo Nacional, particularmente a la Jefatura de Gabinete y contra el Congreso y pide que se deje sin efecto el artículo 30 de la Ley 27.798, que deroga “los artículos 5o, 6o y 7o de la ley 27.614, de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”
“Esta acción fue realizada en franca extralimitación del régimen legal vigente por parte del Congreso de la Nación, y constituye una afrenta a derechos y garantías constitucionales, a instancias de su notoria gravedad institucional“, dice el texto del amparo.
Por su parte, citando lo dispuesto por la Ley 24.156 en su artículo 20, sostiene que “es el Poder Judicial, merced al principio de control cruzado
de Poderes, el que debe expedirse en relación a la nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo impugnado, merced a su calidad de garante de las normas constitucionales e internacionales de Derechos Humanos”.
“Asimismo, solicitamos que la sentencia declare la nulidad e inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 27.798, publicado en el Boletín Oficial el día 2 de enero de 2026. Por su parte, la cuestión planteada es de puro derecho, y por tanto no requiere medida probatoria alguna”, cierra el documento.
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