Periferia

11 de Enero de 2026

Empleados del INTA desmienten que haya “tierras en desuso” en el organismo científico, como dice el Gobierno

Desde APINTA rechazaron el plan de desmantelamiento y de despidos de la gestión libertaria, denunciaron negociados inmobiliarios, y reclamaron por la recuperación salarial.

APINTA, el gremio que representa a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) rechazó una vez más el plan de desmantelamiento del gobierno de Javier Milei sobre el organismo científico-tecnológico.

En respuesta al plan de venta de tierras presentado por el gobierno nacional en el Consejo Directivo del organismo y ante la Mesa de Enlace, en diciembre, desde la Asociación del Personal del INTA, plantearon que “no existen tierras en desuso” en el organismo científico.

Claro es que el organismo científico (el más grande del país con transferencia al sector productivo) posee 101.500 hectáreas destinadas a centros experimentales e investigación, pero el Poder Ejecutivo tiene como objetivo desprenderse de 47.500 hectáreas y despedir a 1.500 trabajadores, técnicos y científicos.

Así lo expuso en la última reunión del Consejo Directivo del organismo, y en un encuentro que José Iraeta, el Secretario de Agricultura libertario, mantuvo con las entidades que integran la Mesa de Enlace con el campo.

En diálogo con el medio Agrovalle, Julio Ojeda, dirigente de APINTA, trazó un diagnóstico contundente y mantuvo que “no se trata de campos ociosos” (como afirma el gobierno nacional).

Son tierras que se usan para investigación, ensayos y actividades que competen al INTA, nos estamos descapitalizando”, dijo Ojeda, y apuntó que “el INTA siempre tuvo esas tierras y las usa para investigación, para pruebas, para generar conocimiento aplicado, por eso creemos que detrás de esta decisión hay otros intereses, incluso inmobiliarios”.

“Estamos con una incertidumbre total. Pasamos de hablar de despidos a hablar de retiros voluntarios, todo canalizado a través del Consejo Directivo, el mismo que el gobierno nacional intentó disolver y que los trabajadores logramos sostener”, dijo Ojeda.

A nivel nacional, el dirigente estimó que alrededor de 300 trabajadores ya adhirieron al retiro voluntario. Otro factor que suma tensión es que los incrementos salariales sumaron apenas 13% anual, muy por debajo de la inflación. “Estamos en una batalla para que no nos despidan”, dijo Ojeda.

El negociado inmobiliario sobre las tierras del INTA, en la mira

En un pronunciamiento conjunto, siete ex ministros y secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación denunciaron que el gobierno nacional impulsa un “negociado inmobiliario” disfrazado de “reingeniería” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Fue luego de la reunión que mantuvo el Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, con las entidades agropecuarias de la Mesa de Enlace, a quienes les presentó “la hoja de ruta” que el ministro de Economía, Luis Caputo, armó para rematar la mitad de las tierras del INTA, despedir a unos 2.000 trabajadores con retiros voluntarios (cerca de un tercio de la planta del organismo), eliminar unos 15 centros regionales y suprimir 253 Agencias de Extensión Rural.

Pero el plan no es únicamente la eliminación de Agencias y Centros Regionales sino que incluye la apertura de un programa de retiros voluntarios que “desafecte” a casi 2.000 empleados (un tercio) del organismo científico. La planta de empleados del INTA pasó de 6.300 a unos 6.000 empleados a mediados de 2025.

Eduardo Elsztain, el amigo de Milei y principal empresario inmobiliario del país, en la mira por el remate de tierras del INTA.

El INTA posee más de 100.000 hectáreas distribuidas en todo el país, pero el gobierno nacional está evaluando vender o desafectar una parte significativa, mencionándose cifras alrededor de 42.000 hectáreas. Los ex ministros, sin mencionarlo, le apuntaron al empresario inmobiliario amigo de Javier Milei, Eduardo Elsztain, quien ya fue señalado como adquiriente del edificio histórico que el INTA tenía en el barrio de Palermo.

Los ex funcionarios afirman que la verdadera intención es el remate de 40.000 hectáreas de campos públicos pertenecientes al organismo, lo que implicaría un cambio radical en su misión que ha durado casi 70 años.

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