Los técnicos e investigadores despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) salieron a cuestionar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 788/19, con el que el gobierno nacional estableció un régimen de compensaciones que le da estabilidad a sus principales funcionarios durante un lapso de cinco años, con indemnizaciones que llegan a los 10 millones de pesos en caso de despido.
El gobierno del presidente, Mauricio Macri, promulgó un decreto en el que formalizó un régimen para la alta administración pública, con un nuevo sistema de compensaciones e indemnizaciones. La normativa homologa un acuerdo firmado a mediados de año con UPCN -el gremio de estatales de mejor sintonía con la gestión saliente-, que tuvo el rechazo de ATE.
El decreto 788/19 otorga una estabilidad por cinco años a los funcionarios nombrados por concurso en la “alta administración pública”. Es decir, como directores generales, directores o coordinadores del Estado. La norma aclara que para conseguir esa estabilidad se requiere la permanencia en el puesto por un año.
Según el decreto, la estabilidad en la alta administración pública se pierde por tres causales: evaluaciones de desempeño insuficientes, sanciones disciplinarias o una reestructuración que implique la supresión de su puesto. Por las dos primeras causales, no se prevé indemnización, pero si por reestructuración.
“Están garantizando a funcionarios y sectores jerárquicos, con sueldos de 100 a 200 mil pesos, con la garantía de que ese contrato dura cinco años, pero si despiden te pagan el contrato completo”, denunció Luciano Dominguez Pose, investigador, ingeniero electrónico y delegado de la Junta Interna de ATE INTI, despedido en 2018 del organismo científico.
Domínguez Pose, apuntó que de esta manera el Gobierno “deja a sus ñoquis premium y dejan un déficit incrementado exponencialmente que quieren hacernos cargar”, invitado a C5N, junto a María Laura Silva, delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa).
“A los trabajadores del Estado y particularmente los de ciencia y tecnología que pertenecen al INTI, nos decían que éramos ñoquis y, además, que éramos los causales del déficit que tenía el país por una alta dotación de empleados públicos”, señaló Domínguez Pose.
El ingeniero electrónico aseguró que buscan “beneficiar a éstos funcionarios, ñoquis premium, que colaboraron con la persecusión y con el vaciamiento del Estado, y dejan en nuestras espaldas salarios a la baja, despidos y precarización laboral, que ese es el combo que deja el gobierno y es la situación que deberá atender el gobierno que asume”.
Pero, además, Domínguez Pose señaló que “los salarios de estos funcionarios premium está en 150 mil pesos, mientras la gran mayoría de los trabajadores del Estado trabajan con salarios por debajo de la línea de pobreza”.
En este sentido, dijo que “otorgan un régimen de estabilidad por cinco años y una indemnización de unos 10 millones de pesos aproximadamente, cuando hay trabajadores estatales con salarios de 17 mil pesos, sin estabilidad, y con todo tipo de contrato basura, y, además nos dejan un tendal de despidos en el Estado, que en el caso del INTI, tiene relación con una caída de 17 meses consecutivos de la industria”.
Un modelo que expulsó investigadores del INTI
Domínguez Pose se refirió además a la situación actual de los trabajadores y trabajadoras despedidas del organismo científico, en enero de 2018. “El derrumbe industrial impactó en el INTI, y justamente lo que hacemos los trabajadores y la junta interna de INTI es que la reincorporación de todos los profesionales, técnicos, científicos del INTI, y en general los de ciencia y técnica, pueden colaborar inmediatamente con una recuperación industrial o con un aporte a la industria”.
“Eso es exactamente lo contrario de lo que puede hacer este personal jerárquico que van tomando posicionamientos según el gobierno que asuma, pero su objetivo no es colaborar con ningún proceso, sino quedarse en los cargos”, apuntó el investigador, despedido y reincoporado al organismo.
En el INTI, en cuatro años, hubo 330 despidos de personal con 15 a 20 años de servicio formados en universidades y colegios públicos y formados internacionalmente. De ellos hubo apenas unas 30 reincorporaciones establecidas por orden judicial.
Los técnicos e investigadores damnificados hoy están agrupados en una Comisión de Despedidxs del INTI, que han logrado un acuerdo con el arco político por una pronta reincorporación y para que puedan asumir en los próximos días.
Respecto al DNU del presidente Macri, Domínguez Pose concluyó que “son parasitarios porque no colaboran con el desarrollo social, científico, tecnológico, informativo, sino que ratificaron la precarización laboral y atacan los derechos de trabajadores y trabajadoras”.
En ese sentido, aseguró, además, que “en contraposición a esto hay trabajadores en el INTI con la voluntad de volver a los puestos de trabajo. El INTI tiene un personal capaz de aportar a un desarrollo para sacar el país adelante, es una clase parasitaria versus científicos y técnicos que pueden aportar a un desarrollo nacional”.
“Este decreto tiene que ser anulado y los trabajadores tienen que estar en planta permanente y deben reincorporar a todos los despedidos”, concluyó Domínguez Pose.
