La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello denunció al Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat) por presuntos hechos de corrupción mientras que el Estado continúa contratando a la asociación civil sin fines de lucro.
El Cedyat fue denunciado en 2019 y nuevamente en 2024 por presuntos desvíos de $600 millones -unos u$s 12 millones- mediante convenios irregulares con el Ministerio de Trabajo durante las gestiones macristas de Jorge Triaca y Dante Sica. Aun así, profundizó sus vínculos con organismos nacionales, gobiernos provinciales, municipios y universidades.
Mientras la investigación judicial avanza con lentitud, el Cedyat -cuyo director ejecutivo es Fabián Ruocco- extendió su estructura a través de dos nuevas marcas institucionales: el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (Inaria) y la plataforma colaborativa VinTecAr 4.0. Estos sellos funcionan articulados y suscriben convenios que permiten canalizar fondos públicos sin licitaciones abiertas, bajo el régimen de Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT), cobrando comisiones que pueden llegar al 10% del monto total.
Cedyat en Comodoro Py
El organismo fue denunciado por supuesta malversación de fondos por Pettovello al asumir el gobierno de Javier Milei. Esa presentación amplió la causa iniciada en 2019 por el diputado Rodolfo Tailhade. Ambas denuncias apuntaron a Mónica Alcibar, exdirectora general de Informática durante la conducción de Triaca (2015-2018), quien simultáneamente se desempeñaba como directora de Tecnología del Cedyat. Ese doble rol le habría permitido aprobar pagos en favor de la entidad.
Aunque Alcibar ya no integra el Cedyat, el núcleo ejecutivo continúa siendo el mismo: Ruocco; Maximiliano Fitolite; José Olano Melo; y Mariano Aníbal Riano, abogado y vicepresidente de la financiera Confidas Capital.
Actualmente, el Cedyat y sus franquicias siguen firmando acuerdos -por ejemplo- con la Agencia Comodoro Conocimiento, del municipio de Comodoro Rivadavia. El convenio fue suscripto por Ruocco, como director de Inaria, y por Olano Melo, responsable de Estudios y Proyectos.
Nuevos contratos en el Estado
El Cedyat posee un convenio con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para desarrollar el Sistema Digital Inteligente para el Transporte Ferroviario. El acuerdo original se firmó en agosto de 2023 y fue actualizado en 2025. Su objetivo es crear una red integral de monitoreo que reemplace controles manuales. En este esquema participa también la Universidad Nacional de La Matanza.
Según consigna el medio Letra P, el reciente descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers volvió a exponer la falta de controles técnicos en tiempo real, justamente una de las tareas contempladas en el convenio firmado por el Cedyat.
En 2023, Fitolite rubricó un convenio por u$s 2,795 millones con la Superintendencia de Servicios de Salud para digitalizar el registro de empresas de medicina prepaga y otras operaciones. Los fondos fueron transferidos directamente y, según fuentes del organismo, el Cedyat subcontrató especialistas y percibió un porcentaje por la gestión. La Superintendencia no aclaró si el acuerdo continúa vigente.
La entidad también desarrolla proyectos como:
Digitalización del Archivo General del Registro Civil de Santa Fe.
Modernización de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.
Sistema informático de recursos humanos para el Ministerio de Educación de Misiones.
Digitalización del archivo histórico del INCAA.
Programa Nacional de Gestión Digital de la CNRT.
Estudio integral de impacto ambiental para la central nuclear Atucha I.
Gestión del Instituto Malbrán dentro del Programa Equipar Ciencia del MINCyT.
Inaria, por su parte, acaba de firmar un convenio marco con las universidades nacionales de Avellaneda (UNDAV), Entre Ríos (UNER) y la UTN.
Directas, urgentes y sin compulsa de precios
El Cedyat opera bajo la ley 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica (1991), que regula a las UVT. Este régimen permite evitar licitaciones tradicionales siempre que el proyecto sea presentado como “urgente”, “de asistencia técnica de alto nivel” y contenga “transferencia tecnológica”.
En defensa de este mecanismo, Riano llegó a presentar al Cedyat como una herramienta para derribar “la muralla burocrática construida por el lento y enorme aparato estatal”.
Juristas advierten, sin embargo, que la normativa abre “zonas grises” que facilitan prácticas opacas y eventualmente vulnerables a mecanismos de corrupción. El dinero recibido por las UVT se distribuye en tres rubros: contratación de profesionales mediante universidades asociadas, gastos administrativos y adquisición de bienes y servicios -incluidos viáticos y honorarios vinculados al proyecto-.
La ley 23.877 preveía además el Fondo de Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec), destinado a financiar proyectos innovadores con recursos del Tesoro o créditos externos. El Gobierno eliminó el fondo tras denunciar su subejecución crónica.
Tailhade y los u$s 10.000 olvidados en un cajón
La causa abierta en los juzgados federales 9 y 3 investiga si existió un esquema sistemático de desvío de fondos mediante contrataciones directas entre los ministerios y el Cedyat. De esos convenios surgieron los programas de Modernización de Infraestructura y de Optimización y Gestión Digital Inteligente, ambos por $484 millones, luego ampliados a $600 millones.
En ese marco se firmaron contratos para tareas diversas: relevamientos edilicios por $50 millones; eficiencia energética y energías renovables por $20 millones; estudios de luxometría y sonometría; análisis de impacto de climatizadores; y otras mediciones.
La denuncia sostiene que muchos informes entregados eran “copias de internet”, acompañados por pagos a empleados que debían devolver hasta el 70% de los montos percibidos.
Una parte central de esta trama se destapó cuando se halló un sobre con u$s 10.000 en un cajón de la oficina que había sido ocupada por el exfuncionario macrista Rodrigo Sbarra. También quedó involucrado Sebastián Bideberripe, responsable de la Coordinación Administrativa del Ministerio de Producción y Trabajo, quien autorizaba los pagos al Cedyat.
