Según un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA–CONICET–UMET, cuatro de cada diez personas activas en la Argentina se desempeñan en la economía informal o autogestionada, y nueve de cada diez de ellas perciben ingresos inferiores a tres salarios mínimos.
La economía popular es la actividad económica informal o de baja escala que realizan personas y comunidades excluidas del mercado laboral formal, creando sus propios medios de vida a través de oficios, pequeñas producciones y redes de comercialización.
Incluye actividades como la venta ambulante, la producción de alimentos y el trabajo doméstico, y a menudo se la vincula con la economía social y solidaria.
En términos absolutos, se trata de 3,4 millones de personas que intentan sostener su subsistencia en condiciones de precariedad creciente. En el último año, la población con ingresos bajos dentro del sector informal aumentó un 55,3%. El auge del cuentapropismo de bajo capital, del trabajo familiar no remunerado y del empleo doméstico sin derechos marca una tendencia extendida: el autoempleo forzado como única estrategia de supervivencia ante un mercado laboral que se achica al ritmo del ajuste.
Mientras tanto, el gobierno nacional insiste con una nueva reforma laboral que promete “modernización”, pero en la práctica consolida la desprotección de los trabajadores. Los cambios implementados hasta ahora legalizaron formas precarias de contratación, debilitando el sistema previsional y erosionando el poder adquisitivo de los salarios.
Más trabajo, menos derechos
Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 200.000 empleos asalariados registrados, mientras el trabajo por cuenta propia creció con fuerza, especialmente en actividades informales. La economía popular, que agrupa a cartoneros, cooperativistas, feriantes, cocineras comunitarias, trabajadoras domésticas y productores familiares, representa ya el 27,1% de la Población Económicamente Activa (PEA).
El estudio de CITRA reveló que esta población alcanzó los 3,9 millones de personas, con un incremento interanual del 6,9%. El sector crece más rápido que el empleo formal, confirmando su papel de contención social en un contexto de escasa generación de trabajo protegido.
Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el aumento fue del 10,9% y ya representan una cuarta parte de la economía popular. En el caso de las mujeres, el peso del sector asciende al 30,9% de la PEA femenina, frente al 24,2% entre los varones, combinando cuentapropismo, desempleo y tareas de cuidado no remuneradas.
Ingresos por debajo del umbral de subsistencia
El 89,4% de los trabajadores de la economía popular percibe menos de tres salarios mínimos —unos 960.000 pesos mensuales—. Esto equivale a 3,5 millones de personas, un incremento de más de un millón respecto al año anterior. En la población joven, el 94,7% no supera ese umbral.
El salario mínimo vigente es de 322.200 pesos, un 43,4% inferior al de 2019 y un 56,7% menor al de 2015 en términos reales, según datos de CIFRA–CTA. Hoy equivale a menos de una quinta parte del salario promedio del sector privado registrado y no cubre ni una cuarta parte de la canasta básica. En julio, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para no ser pobre.
Jornadas extensas, ingresos escasos
Más de la mitad de los cuentapropistas no profesionales enfrenta jornadas irregulares o sobrecargadas: la sobreocupación creció 3,2% en un año. Entre los jóvenes aumentaron la subocupación (+27%) y la desocupación temporal (+88%), mientras que los adultos multiplican empleos para compensar ingresos en caída. Las mujeres sufren la mayor inestabilidad laboral y menores niveles de protección social.
“La precariedad laboral, que afecta a más de la mitad de la población ocupada, tiene en la economía popular su expresión más clara”, concluye el informe citado por el medio El Destape.
Radiografía regional
El estudio muestra una expansión generalizada de la informalidad, aunque con matices regionales. En el Gran Buenos Aires, el crecimiento fue del 10,8% y un tercio de la PEA gana menos de tres salarios mínimos. En la región Pampeana, el 26,8% de la población activa integra la economía popular, con un fuerte aumento de los ingresos por debajo del umbral.
En el NOA, la informalidad trepó 6,6% y abarca al 29,1% de la PEA, marcada por el trabajo familiar no remunerado. En Cuyo, el incremento fue del 4,2%, con más del 54% de los cuentapropistas en situación de sobreocupación. En el NEA, aunque la actividad cayó levemente, la sobreocupación creció 37,2%. Y en la Patagonia, la economía popular avanzó 16,2%, con un alza del 32,1% en los segmentos de bajos ingresos.
En todos los casos, el denominador común es el mismo: jornadas más largas, salarios más bajos y derechos cada vez más lejanos.
