La comunidad universitaria amenaza con una nueva Marcha Federal si el Presidente veta la Ley de Financiamiento Universitario. La UNC ya levantó la voz y advierte que esta vez la sociedad puede sumarse como en 2024. En medio de un gobierno debilitado y un escándalo sin precedentes que involucra a Javier y Karina Milei, la pulseada política entra en terreno explosivo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no deja margen para la especulación: si Javier Milei veta la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en Diputados, el país presenciará otra marcha federal en defensa de la universidad pública. La consigna ya circula como advertencia y bandera: “Si hay veto, hay marcha”.
La decisión de los rectores, que se reunió en Rosario con 70 de las 74 universidades nacionales presentes, vuelve a poner a la educación superior en el centro de la agenda política. Y lo hace en un contexto en el que el oficialismo, lejos de mostrarse fuerte, atraviesa el momento más frágil desde su llegada al poder: la credibilidad presidencial erosionada, una hermana todo-terreno convertida en jefa política bajo sospecha de corrupción, y un gabinete desarticulado que no logra dar respuesta al ahogo financiero de las casas de estudio.
Fondos para las universidades
El cálculo del monto que el CIN aprobó solicitar para el presupuesto universitario de 2026, 7,32 billones de pesos, actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023 (último aprobado por el Congreso Nacional). Este ajuste para gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios se elaboró según los criterios establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada, que estipula una base actualizada a la que se solicita adicionar una mejora para gastos de funcionamiento. “Asumimos las restricciones fiscales en equilibrio con la continuidad de las múltiples actividades universitarias”, explicó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Carlos Greco.
Los gremios docentes y nodocentes locales, nucleados en ADIUC y la Gremial San Martín, ya anunciaron que no se quedarán al margen. La secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, expresó que “el veto sería un golpe directo al corazón de la universidad pública. En Córdoba vamos a responder con la calle, y sabemos que no vamos a estar solos”.
Milei puede prender la mecha de un conflicto social
La consigna “Si hay veto, hay marcha” no se limita a las aulas. En las asambleas y plenarios, dirigentes gremiales coincidieron en que esta vez la sociedad puede ser la protagonista de la defensa universitaria, al igual que en abril de 2024 cuando cientos de miles marcharon en todo el país. La diferencia es que ahora Milei llega más debilitado, con un frente político reducido al núcleo duro de La Libertad Avanza y con su hermana Karina envuelta en un escándalo que golpea directamente el relato de transparencia y austeridad.
El Presidente tiene hasta el 11 de septiembre para promulgar o vetar la Ley de Financiamiento Universitario. La experiencia del 2024, cuando el oficialismo también recurrió al veto, hace prever que la pluma presidencial se incline otra vez por el rechazo. Pero esta vez el escenario es distinto: el Congreso mostró músculo opositor, y las universidades lograron un nivel de articulación que las convierte en una verdadera fuerza social.
El Gobierno, entre escuchas, coimas y el Congreso en contra
A ello se suma el escándalo que involucra a Karina Milei, cuya centralidad política la pone en la mira de denuncias por coimas y el manejo discrecional de fondos mientras le piden a la sociedad que aguanten el ajuste ya que en algún momento “seremos Irlanda”. El golpe es doble: mientras el Presidente se muestra acorralado en la gestión económica, la hermana que actúa como su alter ego carga con acusaciones que erosionan la legitimidad del círculo más cerrado del poder.
Ese debilitamiento es percibido por el sistema universitario como una oportunidad para redoblar la presión. Y es aquí donde la consigna cobra mayor sentido: no se trata de una simple movilización sectorial, sino de una amenaza real contrapeso político y social.
La lectura política no puede obviarse: si la universidad pública logra sumar a sectores de trabajadores, organizaciones sociales y partidos de la oposición, la marcha federal podría transformarse en un hito comparable a las grandes movilizaciones del 2001. Un escenario que, para un gobierno con baja tolerancia a la protesta y con serios problemas de gestión, se convierte en una pesadilla. Como reconoció un rector del CIN en los pasillos de Rosario: “Esto no es sólo presupuesto, es el futuro del país. Si Milei veta, la calle va a responder y lo va a hacer de manera histórica”.
No es anarquía universitaria, es respuesta al sometimiento libertario
En definitiva, el conflicto ya está planteado. Si Javier Milei veta la ley, como todo indica, no sólo enfrentará a las universidades: enfrentará a una sociedad que ve en la educación pública un derecho irrenunciable. En Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en cada ciudad con universidad nacional, la movilización ya empezó a organizarse.
Ante un gobierno que apuesta a la anarquía de mercado, las universidades empiezan a ser terreno de disputa y en donde se marca un límite a un discurso que roza el cinismo y pone el foco en la austeridad mientras el presidente viaja con fondos públicos a Las Vegas, una verdadera anarquía.
En este contexto donde ya todo el gobierno nacional carece de credibilidad, la consigna se vuelve más potente que nunca: “Si hay veto, hay marcha”.
