Científicos y científicas reclaman por U$S 53 millones de créditos internacionales que debían destinarse a proyectos científicos, y que el gobierno de Javier Milei tiene paralizados en el Banco Central.
El monto salió a la luz a fines del año pasado, a partir de una investigación periodística. Se probó que esos millones habían sido transferidos a la Argentina y que estaban destinados al financiamiento de Becas y Proyectos a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Provenían del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Mundial a través del BIRF. A partir de una demanda de la comunidad científica, la Justicia le reclamó al Estado que diga dónde está esa plata, pero el Ejecutivo apeló.
“En el Informe 142 presentado ante el Congreso por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se incorporaron varias respuestas a preguntas que logramos introducir. Basándonos en las respuestas N°166, N°476-478 y Nº1560, estimamos que el Gobierno cuenta con 46 millones de dólares para la inversión en Ciencia, y que incluso podría acceder a otros 196 millones ya asignados. Ese dinero, sin embargo, nunca llegó a nuestros laboratorios ni estipendios. Curiosamente, la parálisis de los PICT convive con el hecho de que el 80% de su presupuesto proviene de esos fondos”, denunció el colectivo Becarixs de Agencia.
¿Y el crédito?
El informe difundido desde ese espacio advierte que, pese a la subejecución de esos fondos, la Agencia recibió una nueva partida presupuestaria en Junio. Pero no se financiaron nuevos proyectos y las becas siguen congeladas.
“Las sospechas de irregularidades en el uso de estos fondos motivó a Becarixs Agencia a presentar tres proyectos en estado parlamentario para la comunicación y acceso a la información sobre el tema. También nos presentamos en comisión ante el Senado de la Nación, en Audiencia Pública ante la Cámara de Diputados, y acompañamos presentaciones ante la Justicia denunciando la situación”, detallaron desde el colectivo.
Tiempo atrás, de hecho, la red de Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) impulsó una presentación judicial para intimar al Gobierno a dar cuenta del estado de ejecución de los fondos internacionales, y del destino que se le dio a los ya devengados. El fallo resultó favorable, pero el Estado Nacional apeló.
Ajuste y parálisis de fondos
Por todo esto, el reclamo no es solo por la actualización de estipendios y la regularización de proyectos adeudados, sino también por la transparencia en la información sobre el destino de los fondos que fueron otorgados para uso exclusivo del sistema científico.
“Este mes, quienes trabajamos en la Agencia I+D+i cumplimos 16 meses con el salario congelado, y proyectos clave del organismo están paralizados pese a contar con financiamiento internacional, motivando denuncias por el uso irregular de los fondos”, plantearon becarios y becarias de Agencia.
Esto se suma al desguace de institutos dedicados a la ciencia y tecnología, al achique del directorio de la propia Agencia y a la precarización general sobre el colectivo de becarios e investigadores.
En tanto, el sector científico y académico se prepara para una nueva marcha federal. Será en contra del veto del Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, votada recientemente en el Congreso. El jueves último, en el marco del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria –en Rosario- el conjunto de rectores, gremios, docentes, no-docentes y estudiantes resolvió una nueva protesta que podría ser el miércoles 17 o el 24 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados se reúna para debatir un eventual veto presidencial.
