El Gobierno de Javier Milei corre a contrarreloj para achicar áreas y eliminar organismos que considera “innecesarios” y si quiere que su plan se efectivice debe hacerlo antes de julio, cuando vence el plazo de las facultades delegadas que la Ley Base le otorgó a Javier Milei.
Terminado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno inició un debate interno para darle forma final a la estructura administrativa con la que la Casa Rosada enfilará hacia la segunda parte de su mandato.
Una batería de decretos se debate en el seno de la administración libertaria. La idea los funcionarios que trabajan cerca del Presidente es publicar todas las normas necesarias como para modificar estructuras, eliminar oficinas, fusionar unas con otras y crear nuevas dependencias que concentren funciones duplicadas.
El camino de esas normas empezó a transitar, por estas horas, el momento más turbulento. Es que algunos organismos, por su estructura y funcionamiento son difíciles de subsumir.
Una de las áreas que se revisa con atención son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El primero tiene 2391 empleados y el segundo, 6412.
A este mundo se suma el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con otros 5530 empleados. Allí cerca está la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), con una nómina de 1235 dependientes.
Dificultades con el INTA y el INTI
Desde el Gobierno admiten la dificultad de poder congeniar semejante cantidad de cosas y funciones, aunque esa era la idea principal.
Otro organismo de ciencia y tecnología que está en la mira, en el área de la minería, es el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), con 329 empleados, podría terminar dentro de la estructura de la administración central.
El Gobierno debe cumplir con estas reformas antes que se cumpla el año de vigencia de la ley Bases, es decir, el 9 de julio próximo. Sucede que entonces se caen las facultades delegadas de las que goza el Presidente. “Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia”, dice la ley.
