Una coalición de bloques opositores de la cámara de Diputados presentó un proyecto similar al vetado por Milei para conseguir que se fije por ley el financiamiento universitario.
La presentación se da en medio de la campaña electoral y de una crisis profunda de las casas de estudio superiores debido a la escasez de fondos para gastos de funcionamiento, para investigación y para salarios de los docentes.
Por eso, un grupo opositor presentó en la Cámara de Diputados un proyecto similar al vetado el año pasado, que actualiza las partidas de las casas de alta a estudios y convoca a paritarias para docentes y no docentes.
El proyecto
La iniciativa fue presentada por Maximiliano Ferraro (CC) y Danya Tavela (DPS), pero cuenta con la firma de otros miembros de esos bloques y de Encuentro Federal. Tendrá respaldo de Unión por la Patria, que garantiza una mayoría en la cámara baja.
En el Senado la idea también tendría consenso pero, claro está, Milei sostiene el tercio de la cámara baja para blindar un eventual veto. El problema de La Libertad Avanza es sobre el impacto que pueda tener el debate sobre las universidades en la campaña electoral, a un año de la marcha multitudinaria que obligó al Presidente a aumentar las partidas.
Si bien el mandatario logró vetar la ley que le daba movilidad al presupuesto universitario -con respaldo de un sector de la UCR que mutó al oficialismo- luego trató de amilanar el rechazo de la comunidad estudiantil, con el armado de estructuras propias en las facultades.
La presión salarial nunca cesó y se acrecentó en los últimos meses a tal punto que un docente full time cobra salarios de 1.700.000 pesos.
Fondos para las universidades
El proyecto propone la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024; y una fórmula mixta de actualización para este año. Además, pide recomponer el salario de los docentes y no docentes universitarios.
Al igual que el año pasado, establece que los fondos asignados a las actividades presupuestarias claves del sistema universitario se actualicen a partir del 1 de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que durante el año se continúe con ajustes bimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
El texto también prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, plantea actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
Otro de los puntos clave de la iniciativa es la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios objetivos para la distribución presupuestaria, tales como el número de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, egresos, actividades científicas y de extensión, garantizando además la equidad regional y la transparencia en la asignación de recursos.
El proyecto le asigna a la Auditoría General de la Nación el rol de remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos, reforzando la transparencia del sistema. Es una facultad que ya tiene, pero el Gobierno cuestionó que en los últimos años los auditores evitaban meterse en la casa de estudios.
¿Será esta vez?
El proyecto, una vez más, necesitará de una votación en el recinto para que inicie el trámite en comisiones, porque el libertario José Luis Espert nunca citará a la de Presupuesto, donde tiene un giro obligatorio por tratarse de un proyecto con erogación de fondos.
Por lo tanto, se espera que haya una sesión citada por la oposición en la brevedad para fijar una nueva hoja de ruta y volver a poner el tema universidades en la agenda. Los debates pueden durar meses y pegarse a la campaña.
“Presentamos esta ley convencidos de que el acceso a una universidad pública y de calidad no puede depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo. Es responsabilidad del Congreso garantizar el derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución”, señaló Tavela.
