El Gobierno prepara un decreto para modificar el control de los gastos y de la contabilidad de las universidades. Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, y de la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendel, trabajan la medida que se publicará en las próximas horas en el boletín oficial.
Portales «Comprar» y «Contratar»
«Entre mañana y pasado van a estar los decretos donde de alguna manera exigimos a las universidades transparencia en sus gastos, la transparencia en el pago de sus sueldos, es una de las cosas que vienen inminentes», afirmó ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger a Radio Mitre.
El Ejecutivo quiere obligar a las universidades a que hagan sus compras y contrataciones a través de los portales «Comprar» y «Contratar». Este sistema lo utiliza el Estado para abrir licitaciones, realizar contratos de locación y adquirir materiales. Los portales forman parte de la Oficina Nacional de Contrataciones, que depende del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y de su vice, José Rolandi.
Además de esto, la Casa Rosada decretará también que las universidades deben dejar el Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) para que se adhieran al Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), a fin de poder registrar la gestión del presupuesto y la ejecución del gasto. Los borradores los ha trabajado también el equipo del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
La mesa técnica de Balcarce 50 prepara también cambios en la forma de contratación entre distintos organismos del Estado, como ministerios y universidades. La idea es evitar la contratación directa y buscan centralizar los procesos a través de licitaciones, que tengan la intermediación de Educación.
La Universidad de Buenos Aires rechaza la disposición del Ejecutivo
La Universidad de Buenos Aires (UBA) sostiene que cumplirá «todo lo que involucre la Constitución Nacional y las leyes», pero rechaza la disposición de que el Gobierno modifique la forma de ejecución del gasto de las universidades. Sostiene que «los entes autárquicos no están atados a las disposiciones del Ejecutivo».
De ahí que no descarte una judicialización de la medida y asegure que señalarán «todo lo que no cumpla con el marco legal actual de la Argentina». Expresan además que la forma en la que los ministerios y organismos públicos contratan otras entidades abarca un «plano mucho más amplio», aunque no están en contra de la implementación de licitaciones.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a la Universidad de Buenos Aires. El organismo había solicitado una medida precautoria para iniciar un proceso de auditorías en la Universidad de Buenos Aires, tal como lo estableció el Gobierno de Javier Milei.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 -que preside el juez Santiago Carrillo- rechazó ayer la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en las auditorías a la UBA. El Ejecutivo ahora busca que «tengan que cumplir los mismos estándares que en la administración pública» para sus compras y contrataciones.
