En lo que significa un revés para el Gobierno nacional, el juez Santiago Carrillo rechazó la cautelar solicitada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para que la Universidad de Buenos Aires (UBA) presente información respecto al uso de fondos públicos. En rigor, no podrá hacerlo sobre ninguna de las 70 universidades nacionales.
“Las pretensiones analizadas exceden el limitado espacio de conocimiento inherente a este tipo de procesos e implicaría un anticipo de la cuestión de fondo, aspecto que debe ser juzgado en un marco de mayor amplitud de debate y prueba”, argumentó Carrillo. Además destacó que la casa de altos estudios presentó distintos informes de gestión a lo largo de los últimos años, los cuales están disponibles en su página web y son de libre acceso.
“En este análisis inicial, de las circunstancias reseñadas anteriormente y considerando que la UBA ha explicado las características de su sistema de gestión de documentos, cabe concluir que no surge elemento alguno que permita afirmar la existencia de un peligro cierto de que la documentación de respaldo requerida por la SIGEN ‘se extravíe o se altere'”, agrega el fallo.
Incompetencia de la SIGEN
El magistrado a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 resolvió además postergar el tratamiento sobre el planteo de inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto 1344/07 y la posible incompetencia de la SIGEN para auditar a la UBA.
.Este planteo había sido presentado por la UBA a través del rector Ricardo Jorge Gelpi, en una acción declarativa de certeza.
Allí, la universidad argumentó que el control interno le corresponde exclusivamente a la Auditoría General de la Nación (AGN), conforme a la Ley de Educación Superior y al marco normativo que regula a las universidades nacionales.
Auditoría a la UBA: el pedido de la SIGEN a la Justicia
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó el mes pasado que la Universidad de Buenos Aires “presente la documentación relacionada con el uso de los fondos públicos asignados por el Poder Ejecutivo Nacional”. Esta solicitud fue impulsada por el Síndico General, Miguel Blanco, y respaldada por el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra.
En el documento presentado por la SIGEN, se aclaró que el organismo encargado del control interno “no tiene intención de auditar los planes de estudio, el contenido, la designación de autoridades ni de interferir en la libertad de cátedra”, ni tampoco de “designar al auditor interno de la UBA”.
Según explicaron desde el Gobierno, el objetivo de la demanda era exclusivamente que la UBA proporcionara información sobre el destino y la ejecución de los fondos públicos asignados.
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