Las universidades nacionales volvieron a la carga con el intento de reflotar la ley de financiamiento universitario que planteaba que se fije por Índice de Precios del Consumidor la suba de los gastos de funcionamiento y los salarios de los docentes y no docentes durante el 2024.
El reclamo tiene base en la brutal pérdida salarial del sector académico que llega al 65% contra la inflación desde que asumió Javier Milei.
El pedido se basa en el artículo 40 de la Constitución Nacional que permite al Congreso poner una ley en consulta popular vinculante, con voto obligatorio, no sujeta al veto presidencial, y con promulgación inmediata en caso de ser aprobada. Al momento hay más de 400 firmas de destacados referentes de las universidades, la ciencia y la cultura e incluyen a exministros y exfuncionarios de distintos gobiernos y fuerzas políticas que solicitan al Congreso llamar a la consulta popular.
➕ Podés leer el texto completo: https://docs.google.com/document/d/1Tnr-pGDb0bCoa-ViCN0O1VFzatFKr0N_dVU_f2aPWRM/edit?tab=t.0
➕ Podés adherir al pedido desde el siguiente vínculo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg8cxbjjKHqVd1ZGmtCG1sne-0EckuDvpmhXimQ_C4pL2gvw/viewform
“Las universidades nacionales argentinas están atravesando una de las peores crisis de financiamiento de las que se tenga registro histórico. La actualización presupuestaria insuficiente durante el año 2024 y el incremento previsto en el presupuesto 2025 marcan pisos históricos en este milenio para el presupuesto universitario. Actualmente el salario docente pasó a ser de los más bajos de Latinoamérica, y los salarios no docentes de las categorías más bajas están por debajo de la línea de pobreza”, plante el escrito difundido por referentes del Consejo Interuniversitario Nacional.
Las universidades vuelven a la carga teniendo en cuenta que inmensos sectores de la ciudadanía se expresaron a favor de un adecuado financiamiento universitario. “Ese amplio apoyo popular se cristalizó en dos marchas federales que acompañaron el reclamo de los universitarios, y que resultaron las expresiones populares más masivas desde la recuperación de la democracia. El mismo apoyo popular es reflejado también por todas las encuestas de opinión”, sostienen.
Ley aprobada y vetada
En septiembre, el Congreso de la Nación aprobó una Ley de Financiamiento Universitario que contemplaba el presupuesto solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y que fuera aprobado mediante el apoyo unánime de todos los rectores de las universidades nacionales. El veto presidencial a esta ley pareció haber obturado la expresión efectiva de la voluntad popular.
“Es evidente que debemos avanzar utilizando las herramientas que brinda la Constitución Nacional, para garantizar que las universidades nacionales puedan continuar funcionando correctamente cumpliendo el objetivo de sostener las actividades sustantivas que ellas ofrecen a la ciudadanía (enseñanza, investigación y extensión), en un contexto que garantice la calidad, la inclusión y la pertinencia de las mismas”, fundamenta el escrito.
Consulta popular vinculante
Para ello las universidades buscaron una alternativa que se fundamenta en la democracia directa, tal como lo establece la Constitución Nacional: la consulta popular vinculante con voto obligatorio de la ciudadanía. Reza el artículo 40 de la Constitución: “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.”
“Resaltamos el hecho de que, de acuerdo con la propia Constitución, la ley de convocatoria no puede ser vetada, y tampoco puede serlo, en caso de ser aprobada, la ley sometida a la consulta, ya que se prevé una promulgación inmediata. La consulta popular prevista en la Constitución se encuentra reglamentada por la ley 25.432, desde el año 2001”, destaca el documento.
Tomas en todo el país
Cabe recordar que la decisión de vetar la ley por parte del Poder Ejecutivo desencadenó la reacción de estudiantes que tomaron las facultades de todo el país.
“Consideramos que esta alternativa permitiría que el favor popular del que goza la universidad pública se exprese a través de la democracia directa. Además permitiría canalizar la potencia del movimiento estudiantil, uno de los actores más dinámicos del momento, que mostró, a través de distintas tomas de facultades y otras actividades públicas que han venido ocurriendo en los últimos meses, su decisión de luchar en contra del desfinanciamiento de las universidades”, afirman.
“En esta línea, los Consejos Directivos de las facultades han comenzado a emitir resoluciones que instan al Congreso Nacional a convocar a una consulta popular que garantice el financiamiento que el veto presidencial negó”, plantean desde las casas de estudios superiores.
Así, apuntan a un nuevo recurso con la iniciativa de realizar una consulta popular vinculante basada en el artículo 40 de la Constitución Nacional para garantizar el adecuado financiamiento universitario.
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