En su afán por achicar los gastos del Estado, el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo darán un paso esencial para el proceso de privatización de la empresa IMPSA, una bandera del desarrollo industrial que brinda soluciones integrales para la generación de energía. En la gestión de la firma nacional se licitaron grandes proyectos hidroeléctricos, construcción de turbinas, reactores nucleares, y hasta grúas, compitiendo con importantes empresas internacionales en diversos mercados.
Se espera que la Legislatura de Mendoza apruebe esta semana el proyecto de ley que propone la cesión del 22% del paquete accionario que pertenece a la provincia hacia Nación, que ostenta el 61% del total del capital de la firma. El Gobierno necesita ese porcentaje para poder finalizar el proceso de privatización. La porción restante se encuentra en manos privadas, más concretamente un fideicomiso de acreedores y la familia Pescarmona.
Según especulan fuentes cercanas a la compañía, la empresa norteamericana ARC Energy presentará una oferta de compra de la mayoría accionaria de IMPSA en los próximos días. Fuera de formalidades, hubo consultas de otras empresas interesadas en la situación de la metalúrgica.
La insólita posible oferta
Lo curioso es que la descapitalización -adrede- por parte del Estado nacional asfixió las cuentas de la empresa hasta el punto de prever que la oferta de compra podría ser cero, o tal vez un puñado de millones de dólares. Así lo piensa una persona especializada en el andamiaje de la compañía.
Esto se debe a que IMPSA era requerida por distintas áreas estatales para concretar trabajos que ahora son inexistentes por el fuerte ajuste que ejecuta el Gobierno en todas sus dependencias de influencia.
La consecuencia es una crisis deficitaria que complica la cadena de pagos interna, sumada a compromisos de deuda generados previo a la intervención estatal. De esta forma, un escenario muy probable es que la empresa oferente se haga cargo a deudas y pago de sueldos, por ejemplo, a cambio de comprar la firma por un monto muy bajo.
En una asamblea de accionistas desarrollada en marzo, el Estado designó como gerente general de IMPSA a Horacio Aldo Chighizola, un ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri. Según consta en las actas presentadas ante la Comisión Nacional de Valores, el funcionario ya había anticipado las intenciones de vender las acciones dentro de la metalúrgica. “El accionista mayoritario ha manifestado que tiene la intención de analizar la venta del paquete accionario de control de la Empresa; por eso la contratación del CEO se efectúa mediante un contrato de trabajo a plazo fijo, por un período de 12 meses, sin perjuicio de su eventual terminación anticipada o prórroga, según resulte necesario en relación con el objetivo antes mencionado y sujeto a las disposiciones legales aplicables”, sostuvo en el acta de la asamblea del pasado 21 de marzo.
Entrega de una empresa clave para el desarrollo
IMPSA podría que jugar un papel central en los sectores clave que van a llevar al país al desarrollo, entre ellos las energías renovables, hidráulica, nuclear. Es que se trata de un recurso especial por su conocimiento tecnológico, de innovación y vanguardia industrial.
Los estados financieros más recientes presentados ante la Comisión Nacional de Valores, al tercer trimestre de 2023, mostraron que IMPSA triplicó sus ingresos por ventas, lo que contribuyó a reducir la pérdida en casi un 90% respecto del mismo período del ejercicio 2022. El resultado antes del impacto del impuesto a las ganancias arrojó un balance positivo de 20.671 millones de pesos para los primeros nueve meses de 2023, casi siete veces más que los 3.080 millones de pesos registrados en el mismo período del año anterior, luego de distintos impulsos ofrecidos bajo la última gestión de Sergio Massa.
En el período julio 2021-abril 2023 la empresa pagó impuestos nacionales por un total de $ 2.254 millones. Al momento de la capitalización en IMPSA, trabajaban 700 personas, y al finalizar la gestión anterior la dotación se mantenía en esos números. De hecho, 2023 fue el primer año en el que la empresa no necesita de aportes del gobierno nacional:
Se multiplicaron más que tres veces los ingresos de la compañía desde 2021. Desde la capitalización se avanzó en: finalización de la reestructura de la deuda de la empresa, creación del comité de auditoría (presidido por los representantes de la Provincia de Mendoza), inicio de proceso de oferta pública, ordenamiento de subsidiarias al exterior, nuevo procedimiento de compras y contrataciones.
Muchos de los proyectos que se preveían llevar a cabo este año fueron desfinanciados a partir del ajuste fiscal y el freno a la obra pública. Fueron paralizados tanto aquellos vinculados a la industria de la defensa, como los que estaban siendo financiados por la Secretaría de Industria (FONDEP), tuvieron cortes y disminuciones en su financiamiento.
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