El Gobierno de Javier Milei volverá este lunes a recibir a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) luego del anuncio de aumento en los gastos de funcionamiento en orden al 270% para todas las universidades.
Los gastos de funcionamiento representan apenas un 10% del presupuesto total de las universidades nacionales, mientras que el otro 90% lo representan los salarios, algo que no está resuelto llegando a mitad de año y con una pérdida cercana al 30% en lo que va de la administración libertaria.
“a fin de retomar la agenda de trabajo conjunta en torno a la actualización del presupuesto universitario 2023/2024″, según difundió el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó el miércoles en su habitual conferencia de prensa que se formalizaría hoy el ajuste en los gastos de funcionamientos en torno al 270% –el mismo que le otorgaron a la Universidad de Buenos Aires (UBA)– para las demás universidades nacionales.
“Esperamos ver los detalles porque no contamos cómo sería la implementación y, además, poder encauzar los demás temas. Sabemos la idea de equiparar a 270% con la UBA, pero no tenemos la letra chica”, dijo Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del CIN.
Irá a la reunión este lunes, a las 14, acompañado por el vicepresidente del consejo, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa.
“Buscarán acordar la creación de una comisión para la confección del presupuesto 2025 y analizará las medidas existentes para profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos”, difundieron desde la cartera a cargo de Pettovello sobre la reunión de hoy, en la que estará acompañada por el secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
En ese sentido, señalaron que se “fijarán medidas conjuntas para el debido cumplimiento de lo establecido en el art. 33 de la Ley de Educación Superior, en relación con la pluralidad de ideas y las líneas de investigación, combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, contra el antisemitismo”, como así también lineamientos para que el sistema universitario colabore en el Plan Nacional de Alfabetización de la secretaría. Además, evaluarán –siempre según difundió el Gobierno– la situación de los investigadores y del Plan de Infraestructura Universitaria. Se trata de dos de los cinco puntos que reclaman los rectores.
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