El sector científico y el académico vieron la última semana la expresión máxima del desfinanciamiento que el gobierno de Javier Milei está implementando en el área, y no es exactamente por nuevos recortes de fondos a salarios o equipamiento tecnológico. Es, más bien, por la designación al frente de la primera secretaría de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de Lilia Lemoine, una diputada con posturas pre-medievales y profundamente anti-científicas en diversos órdenes como las vacunas o la forma de la Tierra.
Lemoine cree que la Tierra es plana. Hasta ahí, no es más que lo que profesan muchas personas que, tal vez con más ánimo de provocación (hasta lúdica) a conocimientos consolidados que convicciones propiamente dichas, buscan mostrarse en el efecto de las redes sociales planteando máximas disruptivas para ganar visibilidad.
Sin embargo, es diputada, y allí se define que hará en el momento de tomar decisiones sobre la política científica del país. No es buena señal empezar aclarando que “la Tierra no es plana”, como lo hizo ayer con un video la legisladora. La comunidad científica y académica desconfía de Lemoine, porque se configura como la cabeza de un proceso más general que es el vaciamiento del sistema científico y de las universidades nacionales, en el marco de una política más general de llevar la producción de conocimiento de nuestro país a los niveles de producción de otros países de la región, y dispuesta más a las necesidades de los países desarrollados que de las demandas internas.
La ley que puede desmantelar el conocimiento
Sin embargo, Lemoine aparece en un momento en el que el desfinanciamiento del sistema científico está en marcha, y que en el Senado se debatirá, en días apenas, si el Poder Ejecutivo podrá intervenir, achicando las plantas, en organismos de ciencia y tecnología como el INTA, el CONICET, la CNEA, la CONAE, el SEGEMAR, el INIDEP o el INTI.
El debate en torno a la legisladora, embarra la discusión sobre dos artículos claves como el 3° y el 6°, que permiten que el Poder Ejecutivo intervenga modificando funciones y competencias de esos organismos. Ayer en el Senado, los oradores de Ciencia y Tecnología iban a plantear el rechazo de los artículos que sutilmente señalan que se le dan facultades al Poder Ejecutivo para hacerlo y, claro, con la actitud de hostilidad que el presidente Javier Milei tiene con el sector científico, cuesta creer que no vaya a aprovechar la medida para deshacerse de buena parte de la planta de investigadores que tiene nuestro país. Es más, cada vez que el mandatario mira al sistema científico se enfoca más en el número que hay en planta, que en la cuantiosa producción de conocimiento que generó, que genera y que tiene potencialmente para producir.
El debate se pasó para hoy, desde las 14 horas.
Es que la medida, si se aprueba, confirma lo que en un lapso de apenas cinco meses, se viene dando que es la desarticulación del sistema científico y tecnológico. El Ministerio ha sido degradado a Secretaría, repitiendo lo que hizo Macri en 2018, y desde el 10 de diciembre pasado está bajo la supervisión de la Jefatura de Gabinete.
Durante el primer cuatrimestre, se ejecutaron únicamente $965 millones de los $79.431 millones en fondos presupuestados para la secretaría, la mayoría de los cuales se destinaron a gastos de seguridad y servicios. No solo se ha reducido el financiamiento, sino que también se han efectuado despidos de personal administrativo y se han reducido las convocatorias para becas y promociones de investigadores de carrera.
La Ley Bases, lo que va por detrás de Lemoine
Varios institutos afiliados al Conicet han alertado que podrían enfrentar el cierre en un futuro cercano debido a dificultades para cubrir los costos operativos básicos, como servicios de agua, luz y seguridad. Si la Ley Bases avanza en el Senado y se promulga sin cambios, entidades como el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, así como el INTI, podrían ser disueltos. En cuanto a otros organismos como el Conicet, la Conae, la CNEA y el INTA, aunque no podrían ser eliminados, podrían ver modificados sus objetivos y funcionamiento.
La designación de Lilia Lemoine, diputada del partido La Libertad Avanza, como secretaria 1° de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la Cámara baja, ha generado sorpresa pero cabe leer su efecto disuasivo en un marco en el que se debate el horizonte que tomará el sistema de ciencia y tecnología y para qué producirá conocimiento: para satisfacer demandas de los países desarrollados o para responder a las necesidades locales.
Lemoine, es un síntoma de un proceso más fuerte que es la transformación del sistema científico para que Argentina deje de producir a grandes niveles como lo viene haciendo, y que se parezca a los modelos de sistemas pequeños (como los de Chile, Perú, Ecuador, Bolivia o Colombia) y elitistas, que aporten pocos investigadores (y selectivos) a las demandas de los países desarrollados.
Qué se debatirá en el Senado
A pesar de la llamativa pasividad de las autoridades del área de Ciencia y Tecnología (Daniel Salamone, Alejandro Cosentino, Alicia Caballero y Paula Nahirñak) la comunidad científica está movilizada y preocupada por lo que se debatirá en el Senado. Así lo manifestaron la semana pasada los Directores y las Directoras de Centros Científicos Tecnológicos (CCTs) del CONICET que enviaron a Senadores y Senadoras de la Nación, una solicitud respecto al inminente tratamiento en la Cámara Alta de la “Ley Bases”, recientemente aprobada en Diputados.
“Dada la aprobación en la Cámara de Diputados de la llamada “Ley Bases”, y su próximo tratamiento en la Cámara de Senadores de la Nación, queremos hacerle llegar nuestra solicitud como Directores/as de los Centros Científicos Tecnológicos del CONICET distribuidos en el territorio Argentino”, y allí plantean que “el texto votado con media sanción perjudica al Sistema Científico-Tecnológico Nacional, es decir, a la ciencia Argentina”.
La referencia es al Artículo 3° que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente: a) la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y b) la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.
De ese artículo quedan excluidas las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan.
Igual que las universidades
Así, los referentes de Ciencia y Tecnología de los institutos del CONICET solicitaron “poner al sistema de CyT en igualdad de condiciones que las Universidades Nacionales, agregando “y los organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, determinado por la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 25467” al párrafo que habla de las UN.
Si bien en el Artículo 6 del proyecto de ley queda establecido que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá disponer la disolución de algunos organismos de Ciencia y Tecnología, la actual redacción habilita a modificar la estructura organizativa, transferir a otros ámbitos y/o reestructurar a organismos públicos, como el CONICET, el INTA, ANLIS Malbran, ANMAT, CONAE, CNEA, entre otros. Es decir, de aprobarse esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional podrá modificar, eliminar competencias, funciones, responsabilidades, centralizar, fusionar, intervenir o transferir estos organismos, corriendo severo riesgo el trabajo realizado por la federalización de nuestra ciencia. Asimismo, podrá poner en riesgo los recursos necesarios para realizar actividades de investigación científica, desarrollos tecnológicos e innovación productiva y social.
“Solicitamos que se preserve el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología porque consideramos que constituye una herramienta potente para garantizar la independencia tecnológica y la soberanía nacional. Por lo expuesto sobre el texto del proyecto de ley pedimos que se rechace el proyecto de ley o que, si considera que este acto no es conveniente, se modifique el Art. 3 excluyendo a los organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, determinados por la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación N° 25.467, como se expuso más arriba”, cierra el documento.
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