El Gobierno de Javier Milei insiste en su objetivo de auditar el gasto de las universidades públicas y mientras delinea una estrategia legal para llevar a cabo un mayor control del presupuesto de las casas de estudio, revisará cientos de convenios millonarios que ministerios y organismos públicos sellaron con universidades durante la gestión de Alberto Fernández.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que conduce Miguel Blanco revisará 306 convenios que se firmaron entre el 10 de diciembre de 2019 y misma fecha de 2023 y que van desde los $2 millones hasta los $170 millones.
No se trata de una revisión sobre el presupuesto de las universidades, sino de contratos a través de los que ministerios y organismos les pagaban a estas casas de estudio a cambio de capacitaciones, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros servicios requeridos.
“Auditaremos a través de los ministerios y organismos públicos, no desde las universidades”, aclararon fuentes oficiales.
Lo que se buscará revisar es si efectivamente se llevaron adelante las tareas acordadas, si se cumplieron los objetivos de cada convenio, si se entregaron los informes acordados, entre otros puntos.
En otras palabras, si el Estado recibió la contraprestación acordada o si incluso hubo alguna etapa tercerizada por fuera del contrato original.
Milei ordenó auditar 300 convenios de ministerios con universidades en la gestión de Alberto Fernández
Se pudo saber que entre 2020 y 2023 se firmaron 306 convenios entre numerosas casas de estudio públicas y carteras y entes pertenecientes a la Administración Pública Nacional.
El detalle indica que 40 contratos se sellaron en 2020; 81 en 2021; 88 en 2022 y 97 en 2023.
La lista de organismos es numerosa.
Algunos ejemplos son el Ministerio de Ciencia; la Secretaria General de la Nación; INDEC; Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; INADI; Ministerio de Turismo; Desarrollo Productivo; Seguridad, Agencia de Acceso a la Información Pública; jefatura de gabinete; Min de Desarrollo Territorial y Hábitat; Administración de Parques Nacionales; Ministerio de Mujeres; Ministerio de Desarrollo Social, Biblioteca Nacional; Ministerio de Cultura; entre otros.
Entre las casas de estudios contratadas se encuentran la Universidad Nacional de La Matanza; La Universidad Nacional de General San Martín; UBA – Económicas; General Sarmiento; Universidad Nacional de Mar del Plata; Tres de Febrero; la Universidad de Quilmes; la Universidad Nacional de La Plata; de Hurlingham; Chaco Austral; Lanús; Luján; Guillermo Brown, entre otras.
Al auditar estos convenios, el Gobierno sostiene la presión sobre las casas de estudio nacionales, a las que ya les comunicó su intención de revisar sus gastos, más allá de que es el Congreso quien debe pedir las auditorías a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). En el Gobierno dicen que hay bases para avanzar en un acuerdo con las universidades para que la Sigen comience a analizar de qué manera se eroga el dinero destinado a la educación.
Citan que en noviembre pasado, la gestión de Alberto Fernández firmó un convenio con la Sigen y el Consejo Interuniversitario Nacional para llevar adelante acciones conjuntas de mutua colaboración con el objetivo de que los sistemas de control interno de las universidades nacionales funcionen de manera correcta.
Cada casa de estudio debía adherirse a esta iniciativa.
