En el nuevo proyecto de Ley Bases, que el jueves 25 obtuvo dictamen mayoritario en comisión para tratarse el lunes 29 en el recinto, se establecen modificaciones en la ley que regula el Empleo Público (25.164/99) y que advierten sobre el intento de desmantelamiento de funciones esenciales del Estado, entre ellas la función Ciencia y Tecnología.
Así lo advirtió la ex Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, en una nota para el medio Letra P, en la que explicó que “el capítulo IV del proyecto establece que la dotación de la planta permanente de la APN puede quedar en “disponibilidad inmediata”, ya sea porque se cierra el organismo o dependencia donde reviste el agente o -aquí la novedad- porque se determine un exceso de dotación mediante informe emitido por el órgano competente (actualmente bajo la órbita de la JGM)”.
Al borde del desmantelamiento
Si se aprueba la Ley Bases tal cual quedó redactada en el dictamen de mayoría, por tanto, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de desmantelar las dotaciones de cualquier organismo CyT sin necesidad de intervenirlo o cerrarlo, incluso de aquellos que están exceptuados expresamente en los artículos 3 y 6 del capítulo I del proyecto de ley en cuestión. En rigor, toda la planta permanente de la APN que se encuadra en la Ley Marco de Empleo Público está sujeta a quedar en disponibilidad de manera inmediata si se aprueba esta modificación legal, violando el espíritu originario de la ley vigente que protege a aquellos que ingresaron por concurso a la Administración Pública.
El proyecto, que obtuvo dictamen en Diputados, habilita el vaciamiento del sistema de producción de conocimiento. Javier Milei quiere y puede hacerlo.
En nuestro país, el sistema de Ciencia y Tecnología (CyT) está conformado por las universidades nacionales agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y 17 organismos de la Administración Pública Nacional (APN) que se encuentran bajo diversas dependencias jurisdiccionales e integran el Consejo Interinstitucional de CyT (ver cuadro). En estos lugares se produce conocimiento en materias tan diversas como la meteorología, los recursos geológicos e hídiricos, la energía atómica, la actividad aeroespacial y los cardúmenes de especies ictícolas de nuestro Mar Argentino. De los 17 organismos, el Conicet es el de mayor tamaño, dispersión geográfica y diversidad de temáticas investigadas.
También juega un rol clave en el sistema la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, ya que es la encargada de canalizar fondos destinados a financiar proyectos de investigación y fomentar la articulación con las empresas.
Actualmente y luego de varios meses a la deriva, la Agencia está prácticamente paralizada: todo su directorio presentó la renuncia ante la falta de respuestas concretas sobre la orientación de la política CyT de parte de su nueva directora, Alicia Caballero. También renunciaron los directores de carrera a cargo de la gestión de sus principales programas de financiamiento, Fontar y Foncyt.
Las modificaciones en la organización estructural del Estado no son triviales. El Gobierno degradó al Ministerio de Ciencia y Tecnología a nivel de una subsecretaría de la Jefatura de Gabinete de MInistros (JGM), a cargo de Nicolás Posse, con lo cual presupuestaria y administrativamente queda bajo la órbita de una secretaría de esa jurisdicción.
El Conicet también quedó subordinado directamente a la JGM. Para tener una idea del lugar que ocupa la función CyT en el organigrama estatal, basta con decir que la JGM tiene dos secretarías que se ocupan de llevar adelante la reforma del Estado (Transformación del Estado y Función Pública, sin autoridad a cargo, y Simplificación del Estado, a cargo de Josefina Sanz) mientras que, para manejar toda la función CyT, sólo dejó la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, a cargo de Paula Nahirñak. Esta pérdida de jerarquía administrativa desarticula los programas existentes para coordinar y potenciar el sistema CyT y aísla a los 17 organismos que lo componen.
Nota de la ex Secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, en Letra P.
Seguí leyendo:
Nueva Ley Ómnibus: el Gobierno quiere disolver el Banco Nacional de Datos Genéticos
Advierten que la nueva Ley Ómnibus es “una grave amenaza” para la ciencia y la tecnología
