Especialistas nucleados en la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, advirtieron que la nueva Ley Bases (más conocida como Ómnibus) implica “una grave amenaza para la ciencia y la tecnología argentina” y apuntan contra cinco artículos que amplían las facultades del Poder Ejecutivo sobre organismos científicos, universidades nacionales y sobre empresas consideradas “estratégicas” para el sistema nacional de ciencia y tecnología.
Además, apuntan que existen artículos que deja a empresas estatales captadoras de “know how” científico técnico al borde de la privatización.
Según los especialistas, el nuevo proyecto de Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus), presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) al Congreso para su tratamiento, representa “una gran amenaza para la ciencia y la tecnología argentinas”. Señalan que, además de las afectaciones que la aprobación de esta ley tendría en general sobre el Estado, la soberanía y el trabajo público, la implementación de algunos artículos contenidos en el Título II del proyecto tendría consecuencias muy negativas para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI).
Los artículos en cuestión
Los especialistas sostienen que son los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 los que generan peligro inminente sobre la totalidad del sistema científico.
Art. 3°: otorga amplios poderes al PEN sobre la administración pública central y descentralizada, incluyendo disolución parcial o total de organismos. Afecta a la totalidad del SNCTI, integrado por Administración de Parques Nacionales, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS Malbrán), Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI), Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Fundación Miguel Lillo, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional del Agua (INA), Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con la excepción explícita del CONICET, las Universidades Nacionales y el INTA. La pregunta aquí es: ¿por qué someter al resto del SNCTI a la posibilidad de su disolución total o parcial? ¿Cuál es el argumento para dotar de tales potestades al PEN? Si nos atenemos a las políticas que, de hecho, viene llevando adelante el gobierno en la materia —como el desfinanciamiento, el cierre de programas, el vaciamiento institucional o el despido de más de 700 trabajadores— la preocupación es justificada. Otorgar al PEN los poderes discrecionales que este artículo prevé representa un grave peligro para el sostenimiento de las actividades que realiza el SNCTI y que constituyen un recurso esencial para la Argentina y sus provincias.
Art. 4°: brinda amplias facultades al PEN para modificar las empresas del Estado. Esta medida afectaría a las diez empresas públicas de base tecnológica, todas ellas con desarrollos en áreas estratégicas que ha llevado muchos años y esfuerzo consolidar, y son cruciales para el desarrollo del país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) (incluyendo YPF-Tecnología y otras), Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), Dioxitek, Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG), Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), Polo Tecnológico Constituyentes (PTC), Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA), Fabricaciones Militares (FM), Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR). Dado que estas empresas fueron incluidas en la versión original del proyecto de Ley Ómnibus como “sujetas a privatización”, ¿qué tipo de modificaciones podemos esperar en ellas en caso de que el Congreso apruebe la nueva Ley Ómnibus otorgando mayores poderes al PEN en esta materia? Para un análisis específico sobre el papel de estas empresas, ver declaración de la Mesa Federal: “Sin ciencia y tecnología no hay futuro para la Argentina”.
Art. 6°: establece la intervención del PEN sobre los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional por el plazo de un año. Todos los organismos descentralizados del SNCTI quedan abarcados (con las mismas tres excepciones contenidas en el art. 3°). El proyecto de ley no provee ninguna justificación para una intervención masiva de estos organismos, violando la arquitectura institucional plural construida a lo largo de décadas en cada uno de ellos. Sobre los efectos negativos de una intervención en las instituciones de CyT, ver la declaración de la Mesa Federal: “Alerta ante intervención autoritaria de organismos científicos”.
Art. 7° y 8°: el listado de empresas “sujetas a privatización” en el nuevo proyecto de Ley Ómnibus sigue incluyendo la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), a cargo de la operación de las centrales nucleares de Embalse, Atucha I y II, de la comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista de la energía producida, y la construcción de futuras plantas nucleares, como así también de proyectos de investigación y desarrollo vinculados al sector. No hay ningún fundamento para avanzar en la privatización de esta empresa, que no presenta problemas de gestión ni financieros. Por el contrario, su privatización parcial implicaría ceder control estatal en un área estratégica y sensible para la seguridad pública como la nuclear. Por otro lado, el listado incluye a otras empresas que, o tienen una fuerte interacción con el SNCTI, o bien se desenvuelven en áreas con un potencial de integración de conocimiento nacional. Nos referimos a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (ENARSA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y las empresas del complejo ferroviario.
Pérdida de capacidades científicas
De aprobarse esta ley, afirman en un comunicado, (sumado al ataque que vienen sufriendo la ciencia, la tecnología y las universidades nacionales— se profundizará enormemente el camino de pérdida sistemática de las capacidades científicas y tecnológicas de nuestro país.
“Esta política, que hemos definido como “cientificidio”, parece ser la única planificación para el sector de parte del actual gobierno (incumpliendo, entre otras, la Ley de Financiamiento a la CyT, votada en 2021 por unanimidad en el Congreso).
En sentido similar han expresado su preocupación actores como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Directorio del CONICET, Directores de los Centros Científico Tecnológicos y la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT). Asimismo, y como es de público conocimiento, figuras e instituciones internacionales han alertado sobre la gravedad de la situación de la ciencia y la tecnología en el país.
“Por todo lo dicho, exhortamos a Diputados/as y Senadores/as de la Nación a que sean fieles al juramento que realizaron al ocupar sus cargos como representantes del pueblo y las provincias argentinas, y defiendan al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, concluye el documento.
Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología
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