A horas de concretarse la Marcha Federal Universitaria, el presidente, Javier Milei, vetó la Ley de Financiamiento universitario votada por el Congreso.
El Gobierno también acusó a la oposición de querer “obstruir el plan económico”. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial en la madrugada del jueves.
La ley, cuyo veto seguramente será resistido en el Congreso representa el 0,14% del PBI, la cuarta parte del impuesto que Milei eliminó para que los sectores de altos ingresos no paguen por sus bienes de lujo. Temen que e veto encienda un conflicto con alto costo social y político.
Con la Ley Bases, el Gobierno modificó el piso del llamado impuesto a los Bienes Personales para sectores de altos ingresos, que grava la posesión de propiedades en el país y en el exterior, aumentando de $ 27 millones a $ 100 millones el piso a partir del cual una persona será alcanzada por el tributo y modificando las alícuotas. Esto representa un impuesto menos para los sectores de altos ingresos y, claro, un ingreso del 0,40% del PBI menos para las arcas del Estado.
Por eso muchos referentes académicos y políticos mencionan que la decisión de vetar el financiamiento universitario es política e ideológica, no económica, tal como lo afirmó el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, y el senador pampeano Bensusán. Es que, por un lado, Milei habilitó que el Estado recaude menos de los impuestos sobre bienes de lujo mientras argumenta que los fondos para las universidades amenazan la recaudación pública.
La Ley de Financiamiento Universitario, para la que Milei tenía plazo hasta este jueves 3 de octubre para vetarla, propone la recomposición del presupuesto de las universidades para 2024, estableciendo la actualización de las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado) según la inflación acumulada (211,4%). El costo fiscal de esta Ley, según ACIJ -Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia- representa el 0,14% del PBI, el mismo porcentaje que las subvenciones y deducciones de impuestos a las grandes empresas tecnológicas (Régimen de Economía del Conocimiento), cuyo costo fiscal ascenderá de 0,15% a 0,18% de acuerdo al Presupuesto 2025.
A través de un comunicado de la Oficina de Prensa del Presidente, Milei anunció que vetaría “el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”.
También apuntó que “es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025”.
Después de la multitudinaria segunda marcha federal universitaria que se realizó este miércoles en todo el país, el gobierno nacional dispuso el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso Nacional. El gobierno también acusó a la oposición de querer “obstruir el plan económico”. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial en la madrugada del jueves.
Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario, para la que Milei tenía plazo hasta este jueves 3 de octubre para vetarla, propone la recomposición del presupuesto de las universidades para 2024, estableciendo la actualización de las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado) según la inflación acumulada (211,4%). El costo fiscal de esta Ley, según ACIJ -Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia- representa el 0,14% del PBI, el mismo porcentaje que las subvenciones y deducciones de impuestos a las grandes empresas tecnológicas (Régimen de Economía del Conocimiento), cuyo costo fiscal ascenderá de 0,15% a 0,18% de acuerdo al Presupuesto 2025.
Veto confirmado
A través de un comunicado de la Oficina de Prensa del Presidente, Milei anunció que vetaría “el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”.
También apuntó que “es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025”.
Luego señaló que “el gobierno reafirma su compromiso con las universidades nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”.
Manifestación política
Posteriormente, insiste en que la marcha federal universitaria es una “manifestación política”-, y afirma que “el Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quiénes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente”.
Luego, de modo llamativo, ya que no se conoce una declaración conjunta de los dirigentes mencionados en el texto oficial, dice que “esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”.
Por último, reiteró que “esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: Terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”.
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