El análisis que se abrió en el seno del directorio de Invap para evaluar la posibilidad de convertir a la empresa estatal en sociedad anónima, motivó que el bloque PJ-Nuevo Encuentro insista con su proyecto presentado en el último cuatrimestre del año pasado para resguardar a la compañía de una eventual privatización.
En la última asamblea del directorio de Invap, que se realizó el lunes en Bariloche con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, se incluyó en el temario la eventualidad de modificar la forma societaria ante la propuesta de las nuevas autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
El DNU establece que las empresas estatales pasarán a ser sociedades anónimas, pero la discusión se da si ésta medida tiene alcance en Invap que es un empresa de capitales exclusivamente del Estado rionegrino, por eso la Provincia ratificó su potestad y descartó que puedan existir modificaciones, según indicó el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz, remitiéndose a expresiones públicas del gobernador de diciembre pasado.
EL PJ el año pasado había impulsado un proyecto, promovido por el senador Martín Doñate, para resguardar a Invap, que establecía expresamente la prohibición de su venta o cambio en la composición accionaria. Por eso, con la novedad de que el cambio a sociedad anónima está bajo estudio, el bloque PJ- Nuevo Encuentro insistió con su iniciativa, que hasta el momento no tuvo eco en el oficialismo ya que en noviembre se decidió trasladar la consulta a las autoridades de Invap sin volver a poner la iniciativa en comisiones.
Según informó el bloque opositor, hoy se pidió al presidente de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, Carlos Valeri, que retome el tratamiento del proyecto de Ley 530/2023. «Esta iniciativa, presentada en septiembre de 2023, busca declarar de interés público provincial a la empresa rionegrina y prohibir su venta, cesión, transferencia, transformación, escisión, privatización, liquidación, o cualquier otra operación de enajenación, ya sea total o parcial», recordaron.
También pusieron el foco en que el proyecto establece que cualquier modificación en la estructura o composición de la empresa debe contar con la previa autorización de la Legislatura, aprobada con el voto de los dos tercios de sus miembros.
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