El Gobierno aceptó unos 45 cambios en el proyecto original de la Ley “Bases…” con el fin de hacer avanzar el proyecto en el Senado, y habilitó, entre ellas, reducir el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para intervenir y disolver organismos públicos.
El punto es clave para el sector científico y tecnológico que viene reclamando que se modifiquen los artículos 3° y 6° de la ley, que habilitan al Ejecutivo a modificar las funciones y competencias de organismos considerados “estratégicos” como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONEA), el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR) y/o el Centro de Investigaciones para la Defensa (CITEDEF), entre otros.
El reclamo apunta a que si el Gobierno busca modificar esos organismos, claramente no será para incrementar su potencial científico y tecnológico asociado con el sector productivo, sino para reducirlo. Eso es, de hecho, lo que viene pregonando desde la campaña electoral la ahora administración libertaria, con amenazas y provocaciones de cierre de organismos como el CONICET.
Esa actitud de hostilidad se observó también en la decisión de congelar el presupuesto de los organismos del sector científico a valores de 2023, con una inflación superior al 200%, lo que es prácticamente dejarlos en estado de terapia intensiva.
La Ley Bases era considerada una estocada definitiva para estos organismos que aportan su capital científico-técnico a áreas productivas claves para nuestro país, como el agro, la industria, la energía, la pesca, la minería y las actividades aeroespaciales, entre otras.
La urgencia del Gobierno por enviar señales de gobernabilidad a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo que modificaran parte del contenido de los textos a cambio del visto bueno de los senadores para avanzar en su aprobación. En total, sumó 45 modificaciones: 29 en la Ley Bases y 16 en el paquete fiscal.
Desregulación del Estado
En este punto es en el que el Gobierno cedió y se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Se listan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
Además, se sumó un párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
Minería
El aumento de las regalías mineras para las provincias terminó por saldar la discusión y destrabó la firma del santacruceño, José María Carambia, quien insistía en incrementar del 3% al 5% esos aportes. Por la mañana, el dictamen que hizo circular el oficialismo ya contenía una modificación crucial para los patagónicos: la elevación del mínimo no imponible en un 22% para esta región en el pago de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, algo que venían reclamando y el Gobierno se mostraba reticente a conceder.
El amotinamiento patagónico se incubó desde el debate en Diputados. Si bien allí los legisladores que responden a los gobernadores del sur alzaron su voz para exigir que en la reimposición del tributo se contemple su elevado costo de vida, este reclamo no prosperó. En el Senado, en cambio, retienen la cuarta parte de sus miembros y no dudaron en hacer valer su peso. Junto con Unión por la Patria (UP) y una porción del peronismo no kirchnerista, lograron rebatir la intransigencia inicial de la Casa Rosada. El próximo desafío será asegurarse de que en la Cámara baja no reviertan sus logros. Esta es la garantía que exige por estas horas el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien frenó la firma del despacho del paquete fiscal por medio de la legisladora de su provincia Andrea Cristina.
Privatizaciones
En el paquete de privatizaciones, en tanto, el Gobierno se negó a habilitar modificaciones. Muchos de los gobernadores patagónicos solicitaban exceptuar a Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA) de las privatizaciones totales. No obstante, no lograron torcer el brazo del oficialismo y deberán llevar sus planteos al recinto.
Empleo público
Se consignó que los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.
Modernización laboral
A pesar de que un sector de la UCR retomó su pedido para limitar las cuotas solidarias que perciben los sindicatos, una de sus principales fuentes de financiamiento, esta cláusula finalmente fue eliminada del dictamen firmado. A través del senador radical Víctor Zimmermann, solicitaron en el debate en comisiones que estas erogaciones sean válidas para todos los empleados, excepto para los que manifiesten de forma previa y expresa su voluntad en contrario.
Justa causa de despido: fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.
Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)
Fue reformulado el artículo 163 que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI.
Se incluyó un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.
Se limitó el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería exclusivamente a la provisión de la empresa dentro del régimen.
Se incorporaron incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales.
Se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.
Cambios en el paquete fiscal
Blanqueo
Se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.
Respecto del dinero que sea regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva con éste “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las Provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.
Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.
Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.
Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.
Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.
Impuesto a las Ganancias
El incremento del 22% del mínimo no imponible para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz implica que la base del tributo para los contribuyentes de estas provincias pasará de $1,8 a $2,2 millones para solteros, y de $2,2 a $2,6 millones para casados con hijos. Técnicamente, no se cambiaron los montos de las escalas sino que se prevé un aumento en los descuentos por conceptos como cargas de familia, entre otros.
Para Tierra del Fuego, en tanto, se sostiene la exención impositiva -donde se incluye el impuesto a las Ganancias- estipulada en la ley 19640.
Se incluyó la posibilidad de que se puedan deducir el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios.
Monotributo social
Se mantiene con un esquema diferente al vigente, en el que quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.
Ley Minera
Se incrementó del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias.
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