Según el proyecto, que lleva la firma del ministro de Economía, Martín Guzmán, el presupuesto para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2022, calculado dentro de la Función Ciencia y Técnica, ascendería a $ 92.830.494.220 para el año próximo, y los fondos para el Programa de Federalización de la Ciencia alcanzan los 15 mil millones.
Esto, de instrumentarse con la literalidad de la letra del proyecto de ley de Presupuesto 2022, multiplicaría de manera exponencial los fondos que las provincias tienen para el sector de ciencia y tecnología.
Para tener dimensión de esto, cabe destacar que en la actualidad el COFECyT, que reúne a las autoridades políticas del sector científico de las 24 provincias, en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, administra recursos para programas y proyectos en el orden de los 700 millones de pesos. Es decir que el proyecto del Gobierno para el año próximo es multiplicar por 21 esos recursos, para llegar hasta los 15 mil millones.
El eje de Federalización fue, de hecho, uno de los ejes de la discusión presupuestaria previa a la presentación del Proyecto de Presupuesto 2022, entre Economía, Ciencia y Tecnología y el referentes del Congreso.
Es decir que apuntaron a dos ejes: alcanzar las metas de la ley 27.614, de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación e instrumentar uno de los ejes de esa ley aprobada por el Congreso en el mes de febrero, que es federalizar los recursos.
La Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología prevé la cuadruplicación del presupuesto de la Función Ciencia y Técnica, hasta el 1% del Producto Bruto Interno, en el año 2032, subiendo escalonadamente, año a año, los recursos desde los actuales 0,28%.
Dentro de esa pauta, uno de los ejes cruciales es que el 20% de lo que se aumente año a año, que no podrá ser menor a lo asignado el año anterior, irá destinado a los programas federales de ciencia y tecnología de las provincias.
Para tener una idea del desequilibrio existente hoy dentro del sistema de ciencia y tecnología, cabe destacar un dato: En 2019, la distribución geográfica per cápita de la función ciencia y técnica, reveló cifras muy desiguales en la distribución. Así, mientras que un habitante de la ciudad de Buenos Aires recibe casi 4000 pesos de la función ciencia y técnica, en promedio, un habitante de Santiago del Estero, recibe 100.
Esta distribución desigual es histórica, y benefició siempre a las provincias con mayores recursos e infraestructura científico-tecnológica, como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el Congreso, le explicaron a Periferia, que en el proyecto enviado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, los criterios de distribución de recursos no van a seguir los porcentajes de coparticipación, en el caso de ciencia y tecnología, sino que se va a priorizar las provincias que reciben menor financiamiento, a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT).
Para tener magnitud de lo que significa para las provincias hay que destacar que el COFECyT, que reúne a las autoridades de ciencia y tecnología de las 24 jurisdicciones, manejaba, hasta ahora unos 700 millones de pesos, en total. Con la nueva ley eso se multiplicará hasta 15 mil millones, es decir unas 17 veces más los que el presupuesto actual.
El texto del proyecto enviado por el Ministerio de Economía al Congreso afirma que el programa Federalización de las Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, que contempla las acciones destinadas a promover la federalización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI), priorizando las zonas geográficas de menor desarrollo relativo recibirá un crédito total de $15.193.547.941 a lo largo de 2022.
A esto se suma lo que las provincias destinen autónomamente para el sector de ciencia y tecnología, que en casos como Santa Fe, Córdoba y Río Negro existen de antemano de manera considerable, puesto que históricamente son provincias con fuerte anclaje de sus economías en el sector científico-tecnológico.
La instrumentación de los fondos, es la cuestión
En diálogo con Periferia, desde el COFECyT explicaron que el eje de la discusión, además del aumento exponencial de esta suma de recursos, es como se instrumentarán esos fondos.
Si la alternativa es que se direccionen a través de los Centros Científico-Tecnológicos de la Nación (Los llamados CCT del CONICET), eso limitará las posibilidades de las provincias de planificar programas de incentivo regionales para aprovechar esos recursos.
Por eso, una de las demandas de los referentes de ciencia y tecnología es que se abra el juego a los gobernadores y a las secretarías, direcciones y ministerios provinciales, para planificar políticas públicas de acuerdo a las demandas y necesidades de las regiones.
Esto quiere decir que los recursos sirvan para responder a requerimientos de los sectores, sociales, productivos y del conocimiento de los territorios, algo que conocen desde la administración de las provincias.
Para discutir esta instrumentación, las autoridades provinciales de ciencia y tecnología mantendrán un encuentro con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 22 de septiembre.
La ley que vertebra el presupuesto de Ciencia y Tecnología
El proyecto de Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología, aprobado en el Congreso, y en el cual Economía justificó la suba para el sector en la Ley de Presupuesto, plantea el escalonamiento de la inversión en la Función Ciencia y Técnica, hasta el 1% del PBI en 2032. La Función Ciencia y Técnica se encuentra integrada en la Finalidad “Servicios Sociales”, del Presupuesto Nacional, y engloba a 16 organismos científicos y tecnológicos, distribuidos en nueve ministerios.
Esos 16 organismos son una parte (la mitad) del total de lo que representa el sector de ciencia y tecnología nacional. Es decir que la Función Ciencia y Técnica representa aproximadamente el 50% de toda la inversión de ciencia y técnica que hace la Argentina.
En ese espectro más amplio, que esta ley no alcanza (pero si impacta), está la inversión que realizan las empresas privadas, por ejemplo, y los cargos de dedicación exclusiva de las universidades.
La Ley, por tanto, plantea incentivar con inversión en un área específica y considerable alcanzada por el sector público, para generar una sinergia en ese resto del sistema científico y tecnológico, pero también en el productivo.
1% hasta el 2032
Si bien no puede afirmarse que sea un proyecto ambicioso en términos presupuestarios si la escala se compara con los países que iniciaron esta carrera hace muchas décadas atrás, como Israel o Corea del Sur, que invierten en cifras cercanas al 4% del PBI, el dato concreto es que en Argentina la inversión en el sector nunca superó el 0,35%.
Hoy la inversión que realiza Argentina para la Función Ciencia y Técnica, se encuentra en el 0,28% del PBI, (en su mejor época, durante el kirchnerismo alcanzó el 0,35% del PBI) por lo que la iniciativa plantea cuadruplicar la asignación a lo largo de once años, con una cláusula que impide que los recursos año a año sean menores que el año anterior.
En 2012 la inversión total en I+D (pública a nivel nacional y provincial + la inversión privada) alcanzó el 0,63%, monto más alto de la historia.
La tabla de inversión del nuevo proyecto:
2021: 0,28% del PBI
2022: 0,31% del PBI
2023: 0,34% del PBI
2024: 0,39% del PBI
2025: 0,45% del PBI
2026: 0,52% del PBI
2027: 0,59% del PBI
2028: 0,68% del PBI
2029: 0,78% del PBI
2030: 0,90% del PBI
2031: 0,95% del PBI
2032: 1% del PBI
16 organismos científicos y tecnológicos
La iniciativa beneficiaría a todos los organismos de ciencia y tecnología que integran la Función y Técnica y que se distribuyen entre 9 ministerios: La Fundación Miguel Lillo, CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), la Administración Nacional de Laboratorios (ANLIS), el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa (CITEDEF), el área de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).
El proyecto se plantea como base de consistencia en financiamiento para la Ley 25467, de Ciencia, Tecnología e Innovación e Innovación productiva, para el corto, mediano y largo plazo.
