Los senadores nacionales Oscar Parrilli y Silvia Sapag de Neuquén, junto a Martín Doñate y Silvina García Larraburu de Río Negro, cuestionaron el llamado a licitación para la venta del 100 % del paquete accionario de las empresas que explotan cuatro centrales hidroeléctricas del complejo Comahue, y presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal, para frenar la privatización.
Las represas de generación eléctrica involucradas son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila, que sumadas representan una potencia de generación equivalente a 1,3 veces Yacyretá y 2,4 veces Salto Grande. Siendo, además, estas dos grandes centrales de propiedad compartida (binacionales), mientras que el complejo del Comahue está totalmente instalado sobre cursos de agua nacionales.
Freno a la privatización de las centrales hidroeléctricas
Los senadores peronistas patagónicos denunciaron que el proceso de venta de empresas públicas (hasta el decreto 590 de agosto pasado, pertenecían en un 80 por ciento a Enarsa y un 20% a Nucleoeléctrica, ambas empresas estatales) omitió la obligación de requerir una tasación previa del Tribunal Nacional de Tasación; y excluyó del proceso a la opinión de las provincias, dueñas según la Constitución Nacional de los recursos naturales.
Así tampoco existe referencia alguna del antecedente de que las empresas privadas a cargo de la explotación desde 1993 «obtuvieron ganancias extraordinarias» sin reinvertir en el mantenimiento necesario ni en mejoras en el sistema eléctrico nacional. Con el agravante, señalan, de haber enviado al exterior las ganancias obtenidas en la explotación.
Propuesta alternativa
Los senadores patagónicos proponen un esquema mixto: que el 50% del capital de las compañías quede en manos privadas y el otro 50% en poder de las provincias. Además, reclamaron que cualquier licitación incluya la obligación de destinar la mitad de las utilidades a nuevas obras hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro.
En ese sentido, advirtieron que el modelo planteado por el Gobierno nacional “agrava la situación”, ya que no contempla compromisos de inversión a futuro. «El Estado debe garantizar que la explotación de los recursos hídricos genere beneficios sostenibles y no sólo ganancias para un puñado de empresas», apuntan.
La Justicia federal deberá ahora evaluar el amparo presentado por los senadores y definir si suspende o no el avance de la licitación. Sin dudas, destaca el portal citado, «el resultado de este proceso marcará un punto clave en la discusión sobre el futuro de las hidroeléctricas en la Patagonia y la participación de las provincias en su control».
