Las principales autoridades del área de Ciencia y Tecnología del gobierno de Javier Milei no dan señales de comprender el contexto de suma preocupación que está atravesando el sistema científico argentino, que hoy es el tercero más importante de Latinoamérica después del creado por Brasil y por México.
Con 330 institutos de investigación, 60 universidades nacionales y 19 organismos científicos, Argentina ostenta una de las redes de creación de conocimiento más importantes y sólidas del cono sur, con derivaciones en áreas como Desarrollo Aeroespacial, Energía, Salud, Agroindustria, Medio Ambiente y Robótica.
Sin embargo, ante la decisión del gobierno de Javier Milei de congelar el presupuesto de todo el sistema a valores de 2023, hoy el CONICET (su máximo exponente) corre riesgo de cerrar sus puertas a partir de mitad de año.
Es que, claro, la inflación continúa a paso galopante y escalará en 2024 a no menos de 200%, algo que pone sentencia de muerte al sistema científico y académico, que en un 60% a 70% está financiado por el Estado.
Silencio e indiferencia ante la asfixia libertaria
Sin embargo, lejos de poner el grito en el cielo, o reclamar que se lo proteja, los funcionarios libertarios hacen “la vista gorda” y se esconden ante los crecientes reclamos de la comunidad científica y académica.
Paula Nahirñak, la Subsecretaria de Ciencia y Tecnología, ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, llegó al Gobierno de Milei de la mano de Lino Barañao, pero antes dirigió en 2018 la Subsecretaría de Coordinación Institucional, que depende de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, en la gestión de Mauricio Macri. Claro que, durante la gestión del peronismo, en la presidencia de Alberto Fernández, no se fue del sistema científico, porque sostuvo funciones en el CONICET, organismo que hoy está amenazado por las políticas del gobierno que integra.
Ante la consulta de Periferia, Nahirñak no dio respuestas a la situación que atraviesa en la actualidad el sistema científico, en vilo esta semana por el inminente tratamiento de la Ley Bases en el Congreso. La iniciativa cuenta con dos artículos (el 3° y el 6°) fuertemente cuestionados por la comunidad científica y académica, porque habilita al Gobierno a intervenir en organismos de ciencia y en institutos de investigación modificando funciones y competencias.
Esto es, claro, en virtud de la orientación de las políticas libertarias, el avance sobre despidos potenciales de investigadores y el desarme de áreas completas de investigación.
Las implicancias, advierten, pueden ser devastadoras. Pues bien, lejos de emitir opinión al respecto, los funcionarios del gobierno de Javier Milei que perciben sueldos por encima de los 3 millones de pesos, no emiten declaraciones y se muestran indiferentes.
El sueldo de un secretario del Estado ronda los 3,2 millones de pesos. Con el ajuste inflacionario, rondaría los 4 millones de pesos
Menos para la ciencia y más para los funcionarios de Milei
De igual manera, procedió Alejandro Cosentino, el jefe de la funcionaria, en la Secretaría de Innovación, Ciencia, y Tecnología. Según fue publicado en el Boletín Oficial mediante el decreto 323/2024, de acuerdo a la escala salarial vigente, el sueldo de un secretario del Estado ronda los 3,2 millones de pesos. Con el ajuste inflacionario, rondaría los 4 millones de pesos.
Algo similar ocurre con Alicia Caballero, quien ocupa la presidencia de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), órgano del ex Ministerio de Ciencia que quedó con rango de Secretaría. Caballero es una egresada de la UADE, pero es más conocida por ocupar la Dirección del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, lo que le valió quedar procesada por la Justicia, por la entrega de créditos a la cerealera Vicentín, que estafó al Estado no devolviendo el dinero y promover el quiebre de la compañía.
En la misma condición aparece Daniel Salamone, el presidente del CONICET, quien tiene el mismo rango que un secretario, pero se rehúsa a dar declaraciones sobre el momento en que se encuentra el sistema de Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, más allá de su relación con la prensa (algo anecdótico, tal vez), lo significativo es que luego de su asunción en el cargo, ni Salamone, ni Cosentino, ni Nahirñak, ni Caballero dieron pistas de un diseño probable de política científica, cambios en planificaciones, respuestas ante las leyes que estructuran el sistema (como la Ley de Economía del Conocimiento, la ley de Bio y Nanotecnología, la ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología y la ley de Compras Públicas para innovación).
Laissez faire a la destrucción de la ciencia
Mientras tanto el gobierno de Javier Milei avanza con un ajuste en asignación y ejecución de presupuesto que pone al borde del cierre a organismos enteros.
En una reunión de las máximas autoridades de Conicet de todo el país, en enero los científicos recibieron la confirmación de que la institución tiene presupuesto apenas hasta junio de 2024. Las carreras e ingresos están paralizados. “Deberíamos se parte de la solución y no del problema”, aleccionaba el presidente del organismo, todavía no designado, en diciembre de 2023.
La mejor institución científica de Latinoamérica tendrá presupuesto para funcionar hasta junio de este año. Se trata de un ajuste que ni siquiera se vio en el peor momento del macrismo. Al Conicet le darán, sin más, el presupuesto de 2023. Los salarios quedarán congelados en los niveles de diciembre, los ingresos de becarios e investigadores nuevos, así como los ascensos internos, quedan suspendidos.
La noticia se divulgó en una minuta de una reunión que el 22 de diciembre, donde estuvieron los directores de los Centros Científicos y Tecnológicos (CCT), las unidades territoriales que coordinan el trabajo de los científicos en todo el país, con los vicepresidentes de Conicet de ese momento.
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