Trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada, en Neuquén, reclamaron que el gobierno habilite los fondos para la reactivación, un proceso iniciado en 2023.
Los trabajadores advirtieron sobre la falta de partidas necesarias para realizar tareas de acondicionamiento para que la planta pueda volver a funcionar a partir de 2025, tal como se acordó con autoridades nacionales y provinciales en mayo del año pasado.
La semana pasada, el ministro del Interior, Guillermo Francos, visitó los proyectos de reactores modulares de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y aseguró que la actividad nuclear “es imprescindible” para el gobierno, a pesar que, en los hechos, bloquea los fondos para financiarla.
De hecho, hoy, los 19 organismos de ciencia y tecnología (incluida la CNEA), funcionan con los fondos congelados a valores de 2023, por decisión del gobierno de Javier Milei, en un escenario inflacionario con una proyección no menor al 200%.
¿Hay reactivación?
Al respecto, los referentes invitados sostuvieron que desconocen el plan energético que en materia nuclear pretende llevar adelante el actual gobierno nacional.
La PIAP abastece con el material clave que requieren las centrales nucleares de Atucha y Embalse para seguir funcionando, y es de vital importancia para la matriz energética nacional, responsable del funcionamiento de PyMEs, industrias y del consumo diario de energía.
Sobre el actual escenario que presenta la planta (la más grande del mundo en su tipo), los trabajadores recordaron que la misma no produce desde hace siete años y que desde el 2017 a la fecha su planta de personal se redujo de 500 a sólo 70 empleados. De igual modo, señalaron que existe una posibilidad de vender agua pesada a Canadá y que las iniciativas de reconversión de sus instalaciones para producir fertilizantes como la urea, aún no han progresado.
Respecto al estado en el cual se encuentran las instalaciones, Carlos Lagos, secretario gremial de la junta interna de la PIAP, sostuvo que los fondos que recibe la planta de parte del gobierno nacional sólo alcanzan para abonar salarios y realizar tareas de mantenimiento, objetivo que se encuentra alejado de la posibilidad de poner en condiciones las instalaciones para volver a funcionar, tal como se pactó en mayo de 2023 durante un acto al que acudieron las autoridades provinciales salientes y entrantes.
Reunión con autoridades de la CNEA
Al hablar, el referente de la PIAP informó que tienen previsto reunirse con el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, el próximo lunes y una semana más tarde lo harán con funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
En otro tramo, Lagos se refirió al plan de reconversión de la planta, ocasión en la que observó la falta de ejecución de los 2000 millones de pesos que el presupuesto provincial debía destinar para comenzar la reconversión de la planta para fabricar fertilizantes. Una de las primeras acciones que se deben realizar es la confección de un plan de factibilidad valuado en 250 mil dólares y comenzar a planificar acciones tendientes a garantizar la logística para transportar la producción, en caso de desarrollarse.
“De ese presupuesto, en la planta no vimos nada”, señaló tras remarcar que, como primera medida, se debe garantizar la producción de agua pesada, para la que incluso existe interés en el mercado internacional –Canadá- para su compra, y después sí avanzar en la diversificación hacia otras ramas.
La comisión resolvió esperar a que los delegados de la PIAP mantengan las respectivas reuniones con funcionarios nacionales y provinciales para luego votar una iniciativa que se exprese sobre la importancia de sostener las partidas comprometidas en el acuerdo. De la reunión también participaron los trabajadores Guido Millar, Nicolás Ventura y Jonathan Valenzuela.
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