La fecha final para la privatización de la empresa IMPSA venció hace un tiempo más largo que el previsto. El nuevo propietario de la empresa mendocina de alta tecnología exportada al mundo debió haber sido anunciado una semana antes de Navidad. Ese fue el plazo que se tomó el gobierno nacional para analizar la mejora de oferta que se le pidió a Arc Energy, el único grupo que se terminó presentando en el proceso de privatización, pero no se cumplió.
El pliego de condiciones de privatización de IMPSA fue comprado por una decena de supuestos interesados. Como se sabe casi todos ellos “pagaron para ver”, como en el póker, pero solo los venezolanos-estadounidenses de Arc Energy terminaron concretando una oferta.
Esa oferta, considerada hostil al extremo por el ministerio de Economía nacional que es quien lleva delante de última el proceso privatizador, fue insuficiente para poder avanzar en la privatización.
Negociación
Desde ese momento se inició un proceso que paso desde la negociación dura hasta la chance de un fracaso total del proceso. Casi dos semanas después de ese plazo final fallido, la negociación sigue casi en los mismos términos.
La semana pasada continuó la negociación en los mismos términos conocidos: ajustar la nueva oferta de Arc Energy a las condiciones de privatización aceptables por los accionistas que, esencialmente y con poder decisorio son, el gobierno nacional y la provincia de Mendoza. Tres diferencias dividieron las chances de cerrar la operación hasta ahora: las condiciones de cumplimiento de obras pendientes que tiene IMPSA, la refinanciación de la deuda y, finalmente, algunas condiciones laborales del directorio y la conducción de IMPSA. Este último tema, aunque menor en apariencia, envuelve a una cantidad de privilegios que mantuvieron los ejecutivos que manejaron la empresa fallida desde que el gobierno de Alberto Fernández de la mano de Matías Kulfas, llevaron adelante la estatización de la empresa de los Pescarmona.
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