Una decena de distritos del Área Metropolitna de Buenos Aires impulsan medidas para impedir la venta de los terrenos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA AMBA), que está en la mira de Eduardo Elzstain, el empresario inmobiliario amigo del presidente, Javier Milei.
Elzstain aparece como uno de los compradores del edificio histórico del INTA de la calle Cerviño, en el exclusivo barrio de Palermo, que el gobierno de Milei remató de la noche a la mañana. Pero, además, tiene a un hombre suyo, Nicolás Pakgojz, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que ya mandó a medir los terrenos del INTA para rematarlos cuando todavía no había ninguna resolución al respecto.
La acción, impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, apunta a rematar la mitad de las tierras del organismo científico y tecnológico, socavando la capacidad del INTA en transferencia de conocimiento al sector productivo del agro.
La tensión interna escaló esta semana con la oficialización de una resistencia coordinada por los concejales bonaerenses. En tanto, el Gobierno avanza con la apertura de los retiros voluntarios en el organismo, que podría empezar a regir a partir del 1° de marzo próximo.
Una decena de municipios para evitar el desmantelamiento del INTA
Diez Concejos Deliberantes ya aprobaron las normativas de protección: Florencio Varela, Berazategui, Berisso, San Vicente, Almirante Brown, Luján, San Martín, Merlo, Moreno y General Rodríguez. En paralelo, Avellaneda, La Matanza y Lomas de Zamora avanzan con expedientes similares.
La reacción local responde a la hoja de ruta que el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, en su plan de reestructuración comandado por el gobierno de Javier Milei, presentó ante la Mesa de Enlace a finales de diciembre pasado. El objetivo es transferir inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posterior venta o concesión.

No hay tierras en desuso
Vale recordar que el Gobierno busca la “desafectación” de 33.836 hectáreas porque dice que se encuentran actualmente “en desuso”, algo que desmintió la propia AAPRESID, integrante de la Mesa de Enlace de las entidades del campo. El documento detalló que se han detectado aproximadamente 42.000 hectáreas, que se encuentran actualmente sin destino a actividades de experimentación ni de producción.
De acuerdo con la última reunión del Consejo Directivo del INTA, se identificaron siete predios. Uno de ellos corresponde al AMBA y quedaría a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con destino aún no definido.
El INTA tiene actualmente una planta de 5791 empleados, ya se concretaron 878 desvinculaciones entre retiros voluntarios, jubilaciones y cesantías, pero el proyecto de ajuste originalmente buscaba un recorte de 1700 trabajadores.
Los distritos que se unieron contra la medida del Gobierno argumentan que el desguace del INTA AMBA desarticula la asistencia técnica a miles de familias y productores periurbanos. En Merlo, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de comunicación repudiando el desfinanciamiento.
El valor del INTA
El exconcejal e impulsor de la movida, Juan Manuel Lippo explicó el motivo: “En Merlo, el INTA articula con cooperativas y espacios educativos. El recorte elimina oportunidades económicas directas para la agricultura familiar”. El documento oficial del municipio exige al Gobierno Nacional el “inmediato fortalecimiento” de la Estación Experimental, clave para la soberanía alimentaria regional.
En Moreno, Zulma Gil, concejal de Unión por la Patria (UxP), advirtió que la medida que impulsa el gobierno nacional afecta a más de 400 productores y a 12.000 familias que dependen de la agricultura urbana. “Moreno es capital provincial del plantín floral. Sin la capacitación técnica del INTA, se pone en riesgo la producción y el empleo local”, sentenció.
En Florencio Varela, Anabella Burgos, concejal de UxP, destacó que el organismo es el motor de la entrega de semillas y microcréditos: “El INTA AMBA es estratégico. No se trata de terrenos vacíos, se trata de un modelo de desarrollo científico y tecnológico que el Gobierno busca desmantelar. Construimos un proyecto de resolución para visibilizar el desfinanciamiento del INTA, a partir de entrevistas con trabajadores y productores que nos contaron cómo esto afecta directamente a la producción local”, explicó.
Lippo resaltó que el proyecto surgió tras el impulso de Gustavo Latancio, jefe de la agencia Moreno-Merlo del INTA AMBA, y con Mariano Lucena, subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio. “En ese encuentro tomé real dimensión del desfinanciamiento y del desguace presupuestario que el Gobierno nacional estaba aplicando sobre el INTA, un organismo estratégico para distritos como Merlo, donde históricamente tuvo una presencia muy activa y profundamente vinculada al territorio”, sentenció.
Riesgos de desguazar el INTA
Por otra parte, dirigentes de Bases Federadas y exfuncionarios del organismo advirtieron al Consejo Directivo sobre los riesgos de avanzar con una reestructuración que ignore el anclaje territorial y la equidad socio-productiva, elementos que consideran vitales para el desarrollo federal. Si bien el documento reconoce la necesidad de modernizar el INTA frente a la revolución digital y biológica para agregar valor a las exportaciones, los firmantes cuestionan la estrategia de cambio y proponen un nuevo paradigma enfocado en la “bioindustrialización” de las regiones; un modelo que permita transformar la biomasa local en alimentos, bioenergía y biomateriales, superando la mera exportación de granos, pero garantizando que este desarrollo alcance a todos los estratos productivos tanto en el norte como en el sur del país.
Asimismo, el texto realiza una férrea defensa de la estructura actual —compuesta por 15 centros regionales y 400 nodos entre experimentales y agencias de extensión— al considerarla la red indispensable para articular esta transformación con productores, cooperativas y gobiernos locales.