El gobierno de Javier Milei inició un proceso de desguace del sistema científico y tecnológico, sin salvedades. En este caso es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), fuertemente asociado con la principal actividad económica del país y clave en el modelo de economía primarizada que propone el presidente, el que está recibiendo un ajuste brutal.
Claro que, el ajuste no viene por el lado de los grandes actores económicos del campo, sino por los pequeños productores, en general, asociados con los cordones periurbanos de las grandes ciudades, que producen gran parte de las frutas y verduras que se consumen en el mercado interno, en Argentina.
El fuerte desfinanciamiento que lleva adelante el Gobierno Nacional genera el cierre de programas y al menos 40 técnicos ya perdieron su puesto de trabajo en el INTA. Los empleados señalan que “darían de baja a un 20% de la planta”. A fines de la semana pasada se confirmó que se dio de baja el programa “pro Huerta”, el cual tenía 30 años de antigüedad y alcanzaba al menos a dos millones quienes eran capacitadas en iniciativas de incentivo de la producción local. A raíz del cierre del programa, 40 técnicos perdieron sus empleos.
Esta situación preocupo a los más de 7.000 empleados del organismo a nivel nacional, quienes aseguran haber recibido la información de que habría una reducción del 20% en los puestos laborales.
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El programa Pro Huerta tenía proyectos especiales para el acceso al agua huertas, era un programa educativo ambiental que llegaba a más de 2 millones y medio de personas en el país y que fue reconocido en todo el mundo.
Agricultura familiar
A su vez, el gobierno anunció ayer que eliminará el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF). Así lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
Haciendo nuevamente hincapié en el gasto que implicaba para el Estado, Adorni anunció además, que se despedirá a 900 empleados. “Luego de una revisión de datos que, a esta altura no tengo ni que aclararlo, absolutamente calamitosos y profundamente desoladores. Tenían un total de 964 empleados. Se va a transformar en una Dirección en la que queden apenas 64 empleados”.
“Esto va a significar un ahorro de 9 mil millones de pesos. Para que tomen dimensión de la fiesta que había en el gasto público, además de los 964 empleados, tenía 160 delegaciones, 2 sedes, 1 de cada 3 empleados eran delegados, tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Casi una empresa de empleo público”, aseguró.
La mirada del Gobierno
Además -continuó el vocero-, “se transferían fondos discrecionales, donde actuaban cooperativas, organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo es tal que todavía no hemos recibido ni de productores ni de trabajadores del campo ni un solo reclamo”.
En el Decreto 729/2022, se destaca que entre los principales objetivos del INAFCI está el “diseño, propuesta, coordinación, elaboración y ejecución de políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal, impulsando su formalización, modernización, tecnificación, complementación y diversificación de la economía relacionada con el sector productivo, tanto en la producción primaria como en la transformación asociada”.
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