Luego de dos años de ataques sistemáticos al prestigio social que tienen las universidades, acusando corrupción y generando sospechas sobre el uso de fondos, ahora el gobierno de Javier Milei se muestra permeable al reclamo académico.
Hoy se conoció que el Ejecutivo ampliará el temario de extraordinarias del Congreso para incluir un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento para las universidades, luego de negarse a aplicar la ley ya sancionada, vetada e insistida por el Congreso.
En el decreto, que se publicaría en el Boletín Oficial, también se incluirá la extensión de las sesiones hasta el sábado 28 de febrero.
El proyecto recupera sólo una parte de lo perdido en 2025
La iniciativa, que se comunicará en el Boletín Oficial se trataría en sesiones extraordinarias del Congreso pero hay escepticismo en la comunidad académica porque únicamente apuntaría a recuperar parte de los fondos perdidos en 2025. Pero, además, el proyecto se presenta en un escenario de creciente conflictividad social, suba de precios, caída de salarios y derrumbe de la calidad de vida gestaron un contexto que se le presenta adverso al gobierno.
Para poner como ejemplo, la propuesta de suba salarial para docentes y no docentes que elaboró la gestión libertaria es de apenas 12,3% a pagar en tres cuotas a lo largo de este año, y contempla sólo lo perdido en 2025, año en el que la inflación acumulada, además, fue del 31,5%. El rechazo es por la propuesta insuficiente (se les devolvería menos de la mitad de lo que perdieron los docentes y NODOCENTES en 2025), pero también porque la propuesta de recomposición para 2024 es 0%!.
Sin embargo, el aval judicial a la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que se aplique la ley de Financiamiento Universitario es otro de los factores que le imprimió celeridad al gobierno libertario (que hasta ahora no parecía preocuparse por la situación presupuestarias de las universidades).
Justamente, ayer Milei apeló la medida cautelar que obliga a la aplicación de la ley de financiamiento universitario mientras mantiene reuniones entre representantes del Gobierno y autoridades universitarias.
En sesiones extraordinarias
El Poder Ejecutivo definió agregar este último proyecto al temario en busca de bajar los decibeles de las demandas de las autoridades universitarias, pero con una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal, máxima bandera de la administración libertaria.
Lo hace luego de negarse a aplicar la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada nuevamente por dos tercios de los diputados y senadores.
En la tarde del jueves estaba previsto que la inclusión del tema y la extensión del período de sesiones extraordinarias aparecerían en un decreto en el Boletín Oficial de este viernes.
El movimiento también se da tras el fallido intento de derogar la ley de financiamiento universitario y luego de negociaciones, el propio Gobierno llevó adelante con las universidades para impulsar una nueva norma que modifique, y no elimine, el esquema vigente.
Para que no avance la cautelar
La estrategia apunta a resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, desactivar los frentes legales y judiciales abiertos (y evitar sanciones penales), mediante la aprobación en el Congreso de una ley que reemplace a la anterior.
Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que trabajan “para implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”.
Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Participaron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo que agrupa a las universidades públicas del país.
“Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”, sostuvo Greco tras el encuentro del 4 de este mes. En la misma línea, Bartolacci señaló que, si bien “son muchos los temas que quedan por resolver”, la reunión significó “un paso en la dirección correcta”.
“La reunión fue solicitada por el Gobierno. Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa a LA NACION.
