El gobierno de Javier Milei está a un paso de publicar el decreto para quedarse con el control del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mediante la publicación del decreto que los convertirá en organismos dependientes del Poder Ejecutivo.
La medida va de lleno al sistema científico al que Javier Milei desprecia y denigra a diario. Es que ambos organismos funcionan como “imanes” para captar el conocimiento científico que se genera en las universidades nacionales y en el CONICET principalmente, aunque por su trayectoria también generaron sus propios laboratorios de investigación científica.
Quitarle territorio al sistema científico
Pues bien, la medida le quita “territorio” local al sistema científico y hace que becarios, becarias, investigadores e investigadoras empiecen a mirar otros horizontes fuera del país. Es decir que el sistema científico, al perder anclaje local, se orienta a lo que se llama el ofertismo, es decir, generar investigadores que respondan a agendas de otros países (los centrales), y cada vez con menos injerencia en el las problemáticas concretas de nuestro país.
Esto es como funcionan los escuálidos sistemas científicos de países como Chile, Ecuador, Perú o Paraguay y a contramano de lo que sucede en México o Brasil.
A días de cumplirse el vencimiento de la Ley Bases (que ampara esta reforma), el gobierno de Javier Milei publicaría este decreto que tiene amplia resistencia social y productiva.
En concreto, el INTA pasará a depender de de la Secretaría de Agricultura y dejará de manejar su propio presupuesto; el Consejo Directivo se transformará en un Consejo Técnico con miembros ad honorem.
Con el DNU, le quitará la autarquía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): de ente descentralizado pasará a ser un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura.
El INTA, considerado uno de los organismos más relevantes del país, dejará de manejar su propio presupuesto y dependerá administrativa y financieramente de la cartera agrícola, a cargo de Sergio Iraeta. El Consejo Directivo se transformará en un Consejo Técnico y en ese cambio se reducirán de 10 a 7 los integrantes, no tendrá más independencia económica y pasarán por él solo las decisiones técnicas.
La medida se inscribe en el objetivo del Gobierno de reducir gastos y estructuras pero le asesta un golpe letal a la formación de conocimiento científico.
Pues bien, la medida le quita “territorialidad” local al sistema científico y hace que becarios, becarias, investigadores e investigadoras empiecen a mirar otros horizontes fuera del país. Es decir que el sistema científico, al perder anclaje local, se orienta a lo que se llama el “ofertismo”, es decir, generar investigadores que respondan a agendas de otros países (los centrales), y cada vez con menos injerencia en el las problemáticas concretas de nuestro país. Esto es como funcionan los escuálidos sistemas científicos de países como Chile, Ecuador, Perú o Paraguay y a contramano de lo que sucede en México o Brasil.
El INTI, sin aporte a la actividad industrial
Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se transformará en una “unidad organizativa” dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio. El avance del Gobierno no se limitará al INTA y el INTI, ya que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), que hasta ahora tenían jerarquía de entes descentralizados, pasarán a ser direcciones nacionales dependientes de la Secretaría de Agricultura.
Esto implicará una reducción significativa de sus respectivos rangos, autonomía y presupuesto. Se fusionarían las áreas de apoyo del organismo con Recursos Humanos, Administración y Asuntos Jurídicos.
El cambio de estatus que impulsa el gobierno de Milei para organismos como el INTA no es meramente técnico: implica una transformación directa en su funcionamiento y capacidad de decisión. Al convertirse en entes “desconcentrados” estos pierden la administración propia y el control de sus fondos, que pasarán a estar en manos de funcionarios designados por la Secretaría de Agricultura. En la práctica, la caja ya no la manejará el organismo sino el Poder Ejecutivo.
Un INTA que no va a generar investigación para el campo
El Consejo Directivo del INTA está integrado por representante del sector privado y público. Por el primero entidades como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), con Alejandro Conci; Sociedad Rural Argentina (SRA), a través de Juan Manuel Bautista; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con Sergio Melgarejo; Federación Agraria Argentina (FAA), vía Gustavo Tettamanti, y por Coninagro, con Nicolás Carlino.
También está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía, con Jorge Omar Dutto, y por la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, con Guillermo Bernardes. Y tiene tres miembros de parte de la Secretaría de Agricultura: Carlos Alberto Vera; su presidente, Nicolás Bronzovich, y la vicepresidenta, María Beatriz “Pilu” Giraudo.
El representante de Aacrea y los de las facultades quedarán fuera del nuevo Consejo. Es decir, con esto habrá tres miembros oficiales y cuatro en representación de las entidades del sector agropecuario. El presidente tiene voto doble en caso de empate.
A partir de los cambios por decreto se sustituirá el artículo N°4 del decreto-Ley 21.680 [de creación del ente] y se otorgará la conducción del INTA al presidente con rango y jerarquía de secretario que, como hasta ahora, será designado por el Poder Ejecutivo. Entre sus funciones estará gestionar los bienes y patrimonio asignado al INTA, dictaminar el reglamento interno de funcionamiento y proponer la estructura organizativa del organismo, entre otros puntos.
Shock de desmantelamiento
Seguido, el Gobierno también incorporará el artículo N°4 bis, en el que crea el Consejo Técnico, es decir, se elimina la figura del Consejo Directivo, cuyos miembros actuarán en carácter ad honorem. Este tendrá a su cargo el establecimiento de los lineamientos científicos-técnicos del INTA. En este marco, el Poder Ejecutivo se reservará la toma de decisiones claves en el ente.
El flamante Consejo Técnico tendrá entre sus funciones elaborar los objetivos y planes generales de trabajo del organismo para su posterior aprobación por el presidente del INTA, establecer los lineamientos de investigación identificando áreas prioritarias con base en criterios científicos y productivos. Además de evaluar el impacto técnico y productivo de los programas y proyectos.
El sector agropecuario perderá representación real dentro del INTA, a un rol más técnico, lo que pondría en jaque la capacidad para incidir en las políticas de investigación y desarrollo del campo, según alertan en el sector rural. Por otra parte, según trascendió, se abrirá un proceso de retiros voluntarios.
