La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, afirmó que el acceso a internet es la “garantía a otros derechos”, y ratificó la decisión del Gobierno de considerarlo “un servicio público esencial y en competencia”.
Sánchez Malcolm, quien representó a la Argentina en la última reunión ministerial del G20, defendió la declaración de internet como servicio público esencial y en competencia; y consideró que “el Gobierno quiere avanzar en la universalización de los accesos”. Sobre la judicialización encarada por las empresas, la funcionaria indicó que “la salida jamás es ir por medidas cautelares”.
“Los lineamientos que llevamos tienen que ver con la digitalización con inclusión, y con que el apoyo y traslado de la tecnología por parte de los países desarrollados sea efectivo, que se comprometan efectivamente a democratizar el acceso a la tecnología y los desarrollos. Primero se había dicho que fuera voluntario, la Argentina impulsó que no lo fuera”, dijo Sánchez Malcolm, en una entrevista para la Agencia Télam.
Sánchez Malcolm explicó que ya hay más de 610 puntos digitales y se están planificando la apertura de otros 100 más. “Esto se articula en diferentes líneas con lo que hacemos desde Innovación pública. Una tiene que ver con la capacitación, la inclusión financiera, la inclusión digital”, dijo
En términos de internet fija, el promedio nacional es del 70%, pero existen diferencias entre las provincias. Complementariamente, Argentina tiene las comunicaciones móviles, con alta penetración (125%) de las cuales la mitad son cuentas prepagas o planes mixtos.
Hay ciudades con sobrepenetración, como la ciudad de Buenos Aires. Internet es un servicio público esencial y en competencia. “Estamos en un contexto donde además, claramente la garantía del acceso a internet es garantía de otros derechos. Estas distintas líneas de inversión es un trabajo importante que hace el Estado. Es así como tenemos que seguir llegando a cada ciudadano. Es un desafío que se da en todo el mundo, no sólo en la Argentina”.
“La declaración de internet como servicio público se volvió a establecer a partir del decreto, pero ya había referencias en reglamentaciones y legislación anteriores que el macrismo había dado de baja. Todo lo que se refiere a considerar como servicio público tiene por objetivo universalizar el acceso, y garantizar la regularidad, continuidad y obligatoriedad del servicio, en un contexto de pandemia entendiendo a internet como una puerta a otros derechos. Los esfuerzos y las reglamentaciones del Gobierno tienen por principal objetivo garantizar el acceso a internet, y, en ese sentido, se trabajó fuertemente con los planes básicos universales (PBU). El Gobierno quiere avanzar en la universalización de accesos. La solución jamás es ir por las medidas cautelares que invalidan un proceso de democratización, que es mucho más importante”, dijo Sánchez Malcolm.
