La Universidad de Buenos Aires recurrió a la Justicia para evitar la auditoría de la SIGEN. El Consejo Interuniversitario Nacional se expidió en el mismo sentido: afirman que la AGN es quien debe auditarlos.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a todos los rectores del país, se expresó en un comunicado sobre las auditorías que tiene al Gobierno de Javier Milei y a la Universidad de Buenos Aires (UBA), envueltos en una contienda jurídica y con dichos cruzados. En ese marco, ratifican lo que viene sosteniendo la UBA: que legalmente el organismo encargado de controlarlas es la Auditoría General de la Nación (AGN), y no la Sigen.
“Ponemos a disposición de quien lo requiera el dictamen técnico jurídico que el CIN ha elaborado a tales efectos”, dice la declaración del organismo, luego de reunirse este martes en la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, exigen un presupuesto adecuado para el 2025.
Cortina de humo libertaria
El CIN insta “a que no se generen noticias falsas para desviar la atención sobre el verdadero inconveniente que atraviesa la educación universitaria pública en nuestro país, que es su desfinanciamiento, con particular dramatismo en materia salarial”. Al tiempo que pide al Gobierno nacional “racionalidad y respeto”, el mismo que “ha tenido el sistema universitario hasta aquí a pesar de tanta desconsideración y destrato”.
Frente a las “acusaciones infundadas” y “sistemáticas campañas de hostigamiento”, los rectores reiteran que no hay ente público más controlado que el sistema universitario, al tiempo que rechazan “cualquier intento de intervención del Poder Ejecutivo en el ámbito universitario público nacional”.
“Las universidades nacionales siempre fueron auditadas y rinden cuentas mensualmente del ejercicio de su presupuesto”, añaden los rectores del país. Y enfatizan su “vocación” de trabajar con todos los organismos que aporten a la transparencia del uso de los recursos públicos, incluida la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende de Presidencia.
No obstante, piden que esos controles se realicen “en el marco del respeto de la autonomía y la autarquía que la Constitución nacional garantiza al sistema y a cada universidad, para establecer las estrategias que se consideren más efectivas para hacer eficientes los procesos y la ejecución del presupuesto”.
En lo jurídico
El juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick remitió este martes a la Fiscalía la acción declarativa de certeza y reclamo de medida cautelar que presentó la UBA para evitar ser auditada por la Sigen y para definir si ese fuero es competente en el tema.
Cormick quedó a cargo del caso por sorteo luego de que el lunes, la UBA recusara sin causa a la primera magistrada que había sido sorteada, Rita Ailán, informaron fuentes judiciales. Apenas recibió el caso, Cormick lo derivó a la Fiscalía para que, “previo a proveer la medida cautelar solicitada”, se dictamine “acerca de la competencia del tribunal”, según la resolución a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas (NA).
La UBA presentó el lunes una “acción declarativa de certeza” para que la Justicia defina si la Sigen puede o no auditarla y pidió que mientras se resuelve se dicte una medida cautelar para que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y a la Sigen que se “abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno”.
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