Periferia

20 de Septiembre de 2020

Los grandes empresarios del agro ven como “tierras productivas” a los humedales

La Confederación Rural Argentina (CRA) rechazó el proyecto de Ley de Humedales que busca conservarlos del avance de la frontera agropecuaria porque "se ocupa exclusivamente de lo natural".

Para la Confederación Rural Argentina, el proyecto de Ley de Humedales que avanza en Diputados para proteger las zonas del avance de la llamada “frontera agropecuaria y ganadera” es “un proyecto tiene una mirada sesgada sobre el ambiente ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades”. 

Lo afirmó la entidad agraria que nuclea a productores del sector, a través de un comunicado en el que justificó las quemas de terrenos que realizan los productores para ganar espacio en esos ecosistemas y tener mas territorio para realizar actividades agropecuarias.  

El problema es que la presencia de humedales tienen impactos en los ecosistemas locales, impidiendo inundaciones y evitando la eliminación de dióxido de carbono a la atmósfera, pero además son reguladores del clima.  

Sin embargo, el avance con quemas realizados por el agro, amenaza el equilibrio que generan en el ecosistema de muchas provincias y beneficios socio-ambientales. Es por eso que la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, que preside Leonardo Grosso, del Frente de Todos, retomó el debate sobre la ley de presupuestos mínimos para la preservación de humedales.  

La iniciativa busca promover una ley nacional, a la que luego pueden o no adscribir los territorios provinciales, de manera similar a lo que sucede con la Ley de Bosques, para proteger estas zonas específicas contra el avance de las zonas de siembra.  

Nuevos estudios científicos

Algunas de las consecuencias del avance de la frontera agropecuaria, a través de quema de pastizales y deforestaciones, que amenazan estos ecosistemas todos los años en nuestro país, son la erosión de suelos, inundaciones, destrucción de bosques nativos e incapacidad para regular el clima.  

Un estudio realizado por un grupo de investigadores del CONICET, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y al Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS Balcarce- INTA, CONICET) analizaron, la semana pasada, las pérdidas de los llamados “servicios ecosistémicos” producidas por la expansión agropecuaria en la región del Chaco Argentino.   

El estudio concluyó que “todas las funciones y servicios del ecosistema disminuyeron de 1985 a 2013 en el Chaco argentino”, pero las mayores pérdidas promedio fueron “el almacenamiento de carbono en biomasa y el exceso de retención de lluvia (inundaciones), con pérdidas locales de hasta 95% y 50% respectivamente”, explicaron en el artículo.    

Para los productores rurales, la Ley solo mira “lo natural” 

La Confederación Rural Argentina aseguró que “Los humedales en Argentina son tierras productivas desde hace varias centurias”, para justificar las acciones que llevan adelante los productores sobre el ambiente y los ecosistemas.  

A pesar que existen muchos estudios sobre erosión de suelos y pérdida de “servicios ecosistémicos”, la CRA aseguró que “nos llama poderosamente la atención que sin ningún estudio previo que justifique o explique las causales a corregir se hayan presentado diez proyectos de Ley sobre los Humedales”.  

“Además vemos que varios de ellos tienen una misma estructura, una mirada sesgada que no contempla a la producción y menos aún a las familias afincadas desde hace décadas en su entorno”, manifestaron.  

Para la entidad “los proyectos presentados poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades”.  

De aprobarse la norma mencionada, se deberá realizar en amplias zonas, consideradas como humedales, “estudio de impacto ambiental” y/o “audiencia pública”, como paso previo a realizar cualquier actividad productiva.  

Desde la Comisión de Medio Ambiente de CRA alertan que ello “traería desconfianza, en la inversión privada, afectando la generación de empleo genuino y la producción de alimentos en varias provincias.  

Para la CRA, “el tratamiento de estos proyectos requiere de un profundo estudio científico y el acuerdo responsable de los actores involucrados, toda vez que puede estar generando un mal mayor donde se quiere encontrar una solución”.  

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