La auditoría de la Agencia Recaudadora sobre los movimientos comerciales habría confirmado las sospechas de que la litífera internacional “Livent” incurrió en subfacturaciones y de este modo eludió pagarle al Estado catamarqueño una cifra multimillonaria.
Livent es la única litífera que está en producción –las otras aún no han llegado a esa etapa- y además desde la década del ’90, y debería explicaciones por las inconsistencias que el organismo tributario detectó en sus cuentas.
En su evaluación, ARCA pidió informes al respecto no solo a la Aduana, para conocer los volúmenes exportados, sino también a entidades chilenas, para establecer un precio promedio del litio y hacer las comparaciones.
Centenar de millones en regalías
Al ser una multinacional, Livent está en condiciones de facturarle el litio a su casa matriz por debajo del precio de mercado. De ese modo, de acuerdo a los cálculos de ARCA, habría economizado centenares de millones en regalías y otros tributos que debía pagarle a Catamarca para fondear un fideicomiso destinado a financiar obras de infraestructura.
El año pasado hubo una controversia debido a que el Gobierno debió aportar 200 millones de pesos al fideicomiso para pagar las certificaciones de obras de dos puentes en Belén. Livent alegó que no había podido cumplir con los depósitos a raíz de los perjuicios económicos que había provocado la pandemia a la actividad.
Sin embargo, a nivel internacional Livent había registrado utilidades superiores al 100 % en el período 2020-21 por la venta de “carbonato grado batería” a 13 mil dólares la tonelada, consolidándose como la segunda productora más grande el mundo. Y además, el precio internacional del litio se había disparado más del 400% en un año: de 7.300 dólares promedio en 2020 a más de 28 mil a fines de 2021.
El que se acuesta con chicos…
Mientras el Gobierno Nacional rechazó de manera explícita el posicionamiento a favor de la nacionalización del mineral, que le hubiera permitido controlar la asignación de licencias y el control de la facturación a las mineras internacionales, los problemas empiezan a aparecer para las provincias litíferas del noroeste argentino.
La disputa política, que tiene al NOA (representado en los gobernadores, la Cámara de Empresarios Mineros de la Argentina y el Consejo Federal Minero) enfrentado con el kirchnerismo (y al conjunto de diputados nacionales que presentaron proyectos para nacionalizar la administración del litio), definió que son las provincias las que determinan el control sobre el mineral por ley de 1994. Así, proliferaron acuerdos a corto plazo con una veintena de multinacionales mineras que negocian condiciones, cara a cara con los gobernadores, para la exploración y la extracción del litio.
En esa confrontación, el Ejecutivo prefirió el atajo más simple (y que le evitara abrir un nuevo frente de enfrentamiento con las provincias) y decidió no sentarse a la mesa de discusión, aún cuando existen argumentos (como la Ley de Actividades Nucleares) para forzar la nacionalización.
Ahora son las provincias las que ponen las condiciones y las que deben ejercer el control y las consecuencias comienzan a verse más nítidas.
Cuando se discutieron los convenios que el Gobierno firmó con Galaxy y Liex en la Legislatura, el diputado radical Alfredo Marchioli se refirió a un informe de la CEPAL, según el cual el precio de las exportaciones de litio de la Argentina es en promedio un 58% inferior al del mercado.
Las cuentas no cerraban, los indicios de un posible enjuague eran demasiados, de modo que ARCA, encargada de recaudar la renta minera, aceleró el análisis de la evolución del negocio. Las conclusiones serían lapidarias para Livent, que la habría retaceado una fortuna a las arcas estatales.
Sin precio de referencia
La ausencia de un precio de referencia internacional único plantea dificultades para la política litífera no solo para Catamarca.
La necesidad de fijar un precio testigo para no dejar al Estado a expensas de la buena fe de las empresas privadas fue uno de los temas centrales en la agenda de la Mesa del Litio, que se reunió a principios de mes en Salta.
La directora de Tributos Especiales de ARCA, Iriel Cervantes, ratificó que era “de sumo interés para ARCA la verificación de la información referida a los precios del mineral que declara la empresa minera Livent para la determinación de Regalías Mineras” y estimó que los resultados de la fiscalización estarían listos en un par de semanas, para luego emitir la respectiva determinación de oficio.
Esta determinación de oficio se librará en los próximos días y abrirá otra etapa en el vínculo del Gobierno con la Livent, que trabaja en el Salar del Hombre Muerto, hacia la cual se tuvieron siempre especiales consideraciones que, al parecer, no fueron correspondidas.
