El mercado de créditos de carbono en la Argentina sumó una nueva certificación con el Estándar CBA, una iniciativa que la provincia de Córdoba puso en marcha con la auditoría técnica del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
El gobierno provincial asegura que se trata de un instrumento provincial inédito en el país y ya emitió los primeros créditos a la planta 3C Biogás en General Cabrera, integrada por las cooperativas agropecuarias COTAGRO y COPESP.
El establecimiento del sur provincial procesó más de 200.000 toneladas de residuos orgánicos, volcó energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), generó fertilizante orgánico para el agro regional y emitió 29.369 créditos de carbono para el período entre diciembre de 2022 y de 2024, que se comercializaron a través del Mercado de Valores y Activos Ambientales (MEVA), la plataforma desarrollada por las Bolsas de Cereales de Córdoba y de Bahía Blanca.
La experiencia cordobesa fue expuesta en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Presupuesto, donde se debatieron tres iniciativas de ley para regular el mercado de carbono a nivel federal. Los distintos proyectos fueron presentados por los senadores Flavia Royón (Salta), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones), Jorge Capitanich (Chaco), cuya propuesta se enfocó también en la tokenización de activos naturales.
Huella de carbono
En su intervención ante la Cámara Alta, Gabutti mostró cómo compensó la huella de carbono de su propio viaje entre Córdoba y Buenos Aires con la compra de créditos generados por 3C Biogás. “Obviamente, es una acción ínfima, pero es una demostración práctica de que esto se trata de un mercado voluntario con compradores y vendedores”, comentó. “Operar un biodigestor y mantenerlo es caro; no es tan lineal hacerlo solo con créditos de carbono. En un mundo perfecto, funcionaría como empuje para proyectos de recuperación ambiental o innovación tecnológica, pero no pasa todavía. La idea hoy es que eventualmente se pague solo, con los créditos que genere”, aclaró el funcionario ante este medio.
Para Gabutti, el desarrollo del sector debe apoyarse en la rentabilidad: “Esto no es ir contra la economía, sino desacoplar el crecimiento del consumo de combustibles fósiles. Como las personas se mueven por incentivos, no tenés que estar convenciendo de la lucha contra el cambio climático por el lado de la moral, sino porque cierran los números. El mercado de carbono está lejos, pero está en camino de ser un negocio genuino”.
No obstante, el esquema ha tenido controversias por casos de poca credibilidad. “Se han detectado casos donde la certificación no estuvo lo suficientemente respaldada. La crítica de greenwashing es válida, pero no debe invalidar todo el proceso. Es una herramienta, se puede usar bien o mal, pero hay gente pensando en cómo fortalecerla. No es un debate muy distinto al del rol del Estado o la presión fiscal”, ponderó Gabutti.
“Mientras más creíble sea, mejor calidad tendrá el crédito de carbono, y es mayor la posibilidad de que venga una multinacional o un país a comprártelo”, resumió el secretario.
Sin ley nacional
Es que la Argentina todavía no cuenta con una ley nacional que establezca un marco para los mercados de carbono, por lo que la titularidad de los créditos, su emisión y el reparto de beneficios no están regulados. Además, persiste una dificultad para que aquellos generados en el mercado voluntario local accedan a los mercados internacionales.
De todos modos, en estos días el plenario de las comisiones en el Senado emitió dictamen unificado en comisión agrupando los tres expedientes parlamentarios mencionados. Entre otros puntos, el proyecto consagra la propiedad de los créditos de carbono a favor de los inversores, al tiempo que garantiza el dominio originario provincial sobre los recursos naturales y fija la estabilidad fiscal por 10 años y la exención de Derechos de Exportación y la creación de un Registro Nacional.
Así se atendió a un reclamo que Córdoba y diversas entidades, como la Mesa Argentina de Carbono, la Sociedad Rural, la Cámara de la Industria Aceitera y la Unión Industrial llevan adelante. “La incertidumbre jurídica te puede jugar en contra, por eso están los proyectos de ley para que el proceso funcione. Esto es muy nuevo, estamos atrasados respecto de otros países como Chile, Paraguay o Colombia. Acá estamos en otros temas, y nos tenemos que poner al día”, planteó Gabutti.
