Las universidades nacionales avanzan con nuevas medidas de visibilización de la situación presupuestaria que las asedia por el brutal ajuste que está implementando el gobierno nacional.
Desde enero, las casas de estudios superiores tienen asignado en 2024 el mismo presupuesto que recibieron el año pasado, con una inflación que se proyecta por encima del 250% para este año.
Esa situación ya complica todo el funcionamiento, desde los gastos diarios de mantenimiento, limpieza y pago de servicios (que representa el 10% del presupuesto total de las universidades); hasta gastos vinculados con salarios e investigación (85% y 5% aproximadamente en el volumen total).
Justamente el primero, los gastos de funcionamiento son los que el gobierno de Javier Milei anunció incrementar en un 70% (lo que representa de un 3% a un 5% en el presupuesto total), a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, como forma de frenar el impacto del paro realizado el jueves por las universidades nacionales.
El dirigente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos De Feo, una de las entidades gremiales que impulsó la medida de fuerza, junto a la CONADUH, la FEDUN y CTERA, se refirió al paro y al anuncio de “aumento” del 70% en el presupuesto de funcionamiento:
“El paro ha tenido una contundencia impresionante. La mayoría de las universidades estuvieron cerradas en el país. El anuncio realizado por el Gobierno terminó potenciando la medida de fuerza, porque es muy poco respecto de lo que necesita el sector”.
Nuevas medidas
Por su parte, De Feo anunció que en abril los gremios, junto a estudiantes y autoridades de universidades nacionales preparan una marcha federal universitaria que visibilice la acuciante situación presupuestaria.
Para comprender la magnitud del problema, ya hay 25 de las 70 instituciones de educación superior del país que anunciaron que en mayo podrían dejar de funcionar si el gobierno de Milei no actualiza el presupuesto.
Entre los rectores de las universidades más grandes (La UNCUYO, la Universidad Nacional de Rosario, de Córdoba, del Litoral, de La Plata y de Buenos Aires, entre algunas otras), con mayor espalda para soportar las crisis, con fondos propios, contemplan la posibilidad de mantener las aulas abiertas para visibilizar la asfixia del gobierno ante los casi tres millones de estudiantes que cursan cada año.
Claro que, es una situación límite si se tiene en cuenta que desde diciembre los docentes universitarios perdieron un 50% de su salario frente a la inflación de este gobierno.
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